Pedro Sánchez pidió ayuda a la directora de la Guardia Civil para frenar el ‘caso Tito Berni’

En 2023, el denominado caso Mediador, también conocido como caso Tito Berni, sacudió el panorama político español al destapar una trama de corrupción que salpicaba al PSOE y alcanzaba hasta la cúpula de la Guardia Civil. Según ha podido saber OKDIARIO, la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pidió ayuda a los generales del cuerpo para frenar el escándalo que afectaba directamente al presidente Pedro Sánchez. «El presidente tiene un problema», advirtió González tras recibir de Sánchez la orden de retirar al general de división Francisco Espinosa Navas de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y encontrarle un sustituto.

Las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil señalaron presuntas irregularidades en, como mínimo, cuatro contratos vinculados al proyecto GAR-SI Sahel. Este programa, financiado por la Comisión Europea y bajo la gestión de la FIIAPP —a cargo del general Espinosa Navas y que maneja 67 millones de euros al año para cooperación internacional—, tenía como objetivo fortalecer la seguridad en seis países africanos: Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad.

Cuando el escándalo salió a la luz, la reacción del Gobierno fue inmediata. Pedro Sánchez contactó con Mercedes González, quien había asumido la dirección de la Guardia Civil en marzo, sustituyendo a María Gámez, cuyo marido también estaba implicado judicialmente. González, que permaneció poco más de dos meses en el cargo, recibió el mandato de buscar un general afín al Gobierno para relevar a Espinosa. La directora de la Guardia Civil propuso a varios candidatos para que asumieran el cargo, asegurándoles que era una orden para salvar de un problema al presidente del Gobierno.

Los negocios de ‘Papá’

La trama de corrupción funcionaba ofreciendo a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos y, en algunos casos, extorsiones. En el caso del general Espinosa Navas, alias Papá en el sumario que instruye un juzgado canario, se le habría ofrecido trabajo para él y su esposa tras su jubilación a cambio de adjudicar contratos públicos a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, propiedad de José Antonio Suárez Esteve, conocido como «José Drones», uno de los investigados.

Esta empresa se hizo con una licitación de 30.129 euros en julio de 2021 para entregar sistemas de detección e inhibición de vehículos aéreos no tripulados en Logroño. El concurso, publicado por la FIIAPP, sólo recibió la oferta de la compañía de Suárez Esteve. En total, se adjudicaron cuatro contratos que sumaron 263.000 euros. Ese mes de junio de 2021 fue el último mes que el general Francisco Espinosa Navas estuvo al cargo del proyecto europeo GAR-Si Sahel, dependiente de la citada FIIAPP y que promovía el contrato.

Calviño defendió los negocios de la FIIAPP

Nadia Calviño, entonces vicepresidenta primera y presidenta de la FIIAPP, también defendió públicamente al presidente, desvinculando a la fundación del caso y asegurando que no había «absolutamente ningún tipo de relación» con los implicados.

La trayectoria profesional de Espinosa Navas experimentó un continuo ascenso dentro de la Guardia Civil. Entre 2013 y 2016, ocupó el puesto de «número dos» del jefe del Estado Mayor de la Benemérita, para posteriormente asumir la Jefatura de la Secretaría de Cooperación Internacional.

Desde esta posición, dio el salto a director del proyecto GAR-SI Sahel (grupos de vigilancia e intervención en el Sahel), una iniciativa del Ministerio del Interior financiada por la Comisión Europea dedicada a labores de seguridad y estabilización en la región. Este cargo estaba remunerado con aproximadamente 15.000 euros mensuales.

La Fiscalía Europea se encargó de la investigación al estar financiados los contratos con fondos comunitarios. Los investigadores descubrieron, tras analizar correos electrónicos intervenidos, que los implicados habrían amañado las licitaciones públicas, filtrando información y estableciendo características en los pliegos que sólo cumplían los drones de la empresa de Suárez Esteve.

Como resultado de su implicación en la trama, el general Espinosa fue detenido el 14 de febrero de 2023 cuando se disponía a salir de su casa en Madrid. . En el registro de su vivienda en Madrid, se encontraron 61.100 euros ocultos en cajas de zapatos y entre ropa, considerados de «ilícita procedencia». Actualmente está acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.