Sánchez ofrece a ERC un cupo fiscal camuflado y control judicial en un nuevo Estatuto de Autonomía

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Pedro Sánchez quiere convencer cuanto antes a ERC para que se sume al acuerdo de investidura. El candidato socialista necesita de la abstención de los separatistas, además de la de Bildu. Y las cesiones ante los independentistas ya han empezado a diseñarse. El soporte legal que se ofrecerá a la Esquerra del golpista Oriol Junqueras se pretende fraguar por medio de un nuevo estatuto catalán: dentro de ese texto se regulará un ‘cupo vasco’ a la catalana para reducir la aportación de esta comunidad al sistema de solidaridad que destina recursos económicos a las autonomías más necesitadas. Además, se pretende avanzar en una fórmula “asumible desde la Constitución” de cesión de parte del Poder Judicial.

Los socialistas de Pedro Sánchez -con la asesoría directa de Miquel Iceta– tienen ya un plan de negociación con ERC. Es, de hecho, el mismo que se usó en la pasada negociación de investidura y que logró convencer a los republicanos de su apoyo con la abstención a Pedro Sánchez.

Ese plan incluye desde un sistema de financiación que incremente los fondos para Cataluña hasta un cambio de las reglas del juego en la Ley Electoral catalana para acabar con el poder del PDeCAT.

Pero el plato fuerte de la oferta a ERC pasa por reformular y entregar las competencias que el Tribunal Constitucional declaró ilegales con motivo del estatuto de autonomía en época de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, en segundo lugar, por un pacto fiscal, similar al vasco, con el que dejarían de aportar a los sistemas de solidaridad interterritoriales buena parte del dinero que ahora envían.

Cupo camuflado

Ese acuerdo, sin embargo, necesitaría en puridad de una transformación constitucional difícil de conseguir. Y aunque también se ofrecerá esa reforma de la Carta Magna, ambas partes saben que con las mayorías actuales es un reto prácticamente imposible. Por ello, el plan pasa por reformar el modelo de financiación autonómica con un factor de reducción de la aportación solidaria que ahora realizan las comunidades más ricas y estirar al máximo las competencias regionales en materia fiscal dentro de ese nuevo estatuto de autonomía generando, de ese modo, más poder para gestionar e inspeccionar los impuestos en territorio catalán. Traducido: un cupo camuflado que les permita esconder recursos y aportar menos al resto de territorios.

Una de las vías para conseguir este punto es lo que se denomina principio de ordinalidad. Un factor que ya estudian los técnicos del Gobierno y que consiste en que las autonomías que aportan al sistema de solidaridad tengan un tope en su aportación: un freno que se activaría justo antes de perder el puesto que ostenta cada región en el ranking de nivel de ingresos antes de aportar al resto.

El otro punto clave afecta a la Justicia. Y se apoya en el texto ya negociado en el Parlamento Vasco como base de un nuevo estatuto de autonomía. Un punto que bordea la prohibición constitucional de partir el Poder Judicial y recoge la creación de un «Consejo de Justicia de Euskadi”, un camuflaje que permita empezar a arrebatar competencias únicas del CGPJ nacional. Entre esas competencias a arrebatar se encuentran los jueces de vigilancia penitenciaria, la figura clave para acelerar la excarcelación en la práctica de los presos etarras y golpistas.

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