Gobierno Pedro Sánchez

Sánchez lleva más de la mitad de su mandato sin aprobar una ley pero ha dictado 64 ‘decretazos’

Desde enero, el presidente ha firmado 23 reales decretos, la mayoría relacionados con la crisis por la pandemia del coronavirus. Se trata de un instrumento que limita a la oposición

Pablo Iglesias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso. (Foto: EFE - J.J. Guillén)

Desde su llegada a La Moncloa -en junio de 2018- Pedro Sánchez ha confirmado que el real decreto es su fórmula favorita de legislar. Éste instrumento está reservado a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Sin embargo, el presidente socialista lo maneja sin pudor. Desde que es presidente ha dictado 64, muchos de ellos en los últimos meses. Mientras, la actividad del Congreso ha sido estéril. La última ley se remonta a marzo del año pasado. Es decir, Sánchez lleva más de la mitad de su mandato a golpe de ‘decretazo’.

Los decretos marginan por completo a las Cortes. Entran en vigor de manera inmediata, una vez que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y permiten evitar una tramitación parlamentaria que es a menudo compleja. La capacidad de maniobra de los grupos es limitada y el Congreso se limita a convalidarlos, en un plazo máximo de un mes.

La actividad legislativa de las Cámaras ha sido mínima desde que Pedro Sánchez se impuso en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde el principio, el líder del PSOE demostró que se mueve cómodo gobernando a golpe de decreto. A la ausencia de control al Gobierno durante largos periodos, una circunstancia criticada desde la oposición, se une que Congreso y Senado no han tenido una actividad normal, propia de una legislatura al completo. Las repeticiones electorales, los vaivenes para formar Gobierno y la inestabilidad parlamentaria han provocado una sequía legislativa inusual e impropia en una democracia.

Crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha provocado una gestión política también inédita en lo relativo a la actividad parlamentaria. Las sesiones se han centrado en debatir sobre los decretos presentados por el Gobierno. Desde enero, 23. El ingreso mínimo vital, las medidas de empleo o para víctimas de violencia de género, la derogación del despido por faltas de asistencia al trabajo, pensiones… Son las variopintas temáticas que han sido objeto de reales decretos. Algunas tienen un motivo coyuntural y temporal pero otras, como la renta mínima -iniciativa de Podemos- aspira a ser permanente.

La crisis del Covid ha provocado que, hasta ahora, la legislatura haya sido prácticamente nula en lo relativo a otros asuntos que no guarden relación con la pandemia.

Por otro lado, PSOE y Podemos llevan sin formular Proposiciones de Ley desde marzo. Los socialistas inauguraron la legislatura registrando cuatro de estas iniciativas, orientadas a marcar el perfil de los próximos meses, como la de Memoria Histórica o eutanasia. Pero la tramitación parlamentaria se ha detenido.

Los socios podemitas sí han tenido actividad en lo relativo a las Proposiciones No de Ley, propuestas que tienen por objetivo hacer que la Cámara se posicione sobre una determinada cuestión o instar al Gobierno a seguir una determinada política o actuación, y que Podemos utiliza para presionar al propio Pedro Sánchez. Por ejemplo, en su última Proposición, el partido de Iglesias ha ido de la mano de ERC y Bildu para reclamar una regularización masiva de inmigrantes ‘sin papeles’ que actualmente residen en España. En la iniciativa, estos partidos, además de Más País, Compromís y BNG , reclaman al Ejecutivo «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación».

La pasada legislatura, que apenas duró cuatro meses, fue ya la más estéril  de la democracia. Fueron cuatro meses de total parálisis, y ninguna ley salió del Congreso. Todas las iniciativas decayeron, entre ellas el Pacto contra la Violencia de Género.

La forma de gobernar de Sánchez ha encontrado las críticas de la oposición. Tanto por el abuso del decreto, como, más recientemente, por la extensión del estado de alarma y, con ello, la atribución de poderes excepcionales.

El presidente socialista aprovechó también la situación para eludir el control de la Cámara. Fue la presión del PP -que criticó a Pedro Sánchez por «confinar la democracia»- la que permitió que se retomase la actividad parlamentaria. El control de la oposición está establecido por el artículo 116.5 de la Constitución. Se retomó en abril, tras estar paralizado desde febrero.

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