Sánchez quiere instaurar el día de las víctimas del franquismo

La iniciativa, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desvela en una reciente respuesta por escrito en el Senado, se suma a otras como el anuncio de que el plan de exhumaciones sea liderado por el Estado, la creación del Banco Nacional de ADN o la elaboración de un censo nacional de víctimas del franquismo. Medidas todas ellas que aún se encuentran en fase de desarrollo.

El Gobierno pretende así avanzar en el objetivo de «reparación de las víctimas» del franquismo, que se ha marcado como una de las guías de la legislatura.

Por ahora, los planes del Ejecutivo han tropezado con distintos impedimentos, legales, parlamentarios o técnicos. La propia reforma de la ley de Memoria Histórica, por ejemplo, se está dilatando más de lo previsto y deseado por los socialistas, debido a las sucesivas ampliaciones para la presentación de enmiendas que han sido solicitadas desde PP y Ciudadanos.

Aprobar esta reforma es clave para el Gobierno, puesto que, entre las enmiendas presentadas por el partido de Sánchez, se incluye la relativa a la prohibición de enterrar a Franco en La Almudena. El Ejecutivo, como avanzó OKDIARIO, ya abre la puerta a usar herramientas como el decreto ley para vetar la catedral madrileña al dictador.

La propia exhumación no tiene aún fecha prevista. Después de que el mismo presidente afirmase que sería antes del verano, y tras rectificar hasta en dos ocasiones, en el Ejecutivo no se atreven ahora a dar ningún calendario por cerrado.

Impugnación de la familia Franco

La pasada semana, el Tribunal Supremo rechazó paralizar de forma cautelar la exhumación, como reclamaban los nietos del dictador mientras se resuelve sobre el fondo del recurso que han presentado contra la orden del Consejo de Ministros que inició el proyecto para sacar los restos de la Basílica del Valle de los Caídos.

Sin embargo, el Alto Tribunal advierte al Gobierno de que no podrá ejecutar un futuro acuerdo que ordene expresamente la exhumación de Francisco Franco, con fecha y acciones concretas, sin dar antes la oportunidad a la familia de impugnar este acuerdo de nuevo ante el Tribunal Supremo.

Así, el Supremo obliga al Ejecutivo a un nuevo trámite, al determinar que la exhumación solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar de nuevo, y motivadamente, el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva».

Pocos avances en las fosas

Los avances son también mínimos en lo relativo a la exhumación de las fosas. Pese al compromiso adquirido en julio por la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que el Estado asuma directamente esos trabajos -hasta ahora en manos de asociaciones y familiares- desde el propio Gobierno admiten los problemas técnicos para llevarlos a cabo así como el gran esfuerzo presupuestario exigido.

Las dificultades radican, para empezar, con la misma actualización de la base de datos. El Ejecutivo no dispone de un censo al corriente de las víctimas -la única estimación se basa en los cálculos de las asociaciones, y las cifran en unas 114.000- ni de fosas. Tampoco hay avances en la creación del banco de ADN, esencial para identificar los restos y conectarlos con sus descendientes y familiares.

Y a ello se añade la complejidad técnica. El Gobierno diseña planes de exhumaciones hasta de cuatro años, a lo que hay que sumar los plazos para las identificaciones, que pueden llevar varios meses.