Sánchez deja sin poder a la Alta Inspección en la nueva Ley de Educación como quiere Torra

Pedro Sánchez
Isabel Celaá, ministra de Educación, este miércoles en el Congreso.

Pedro Sánchez, en una nueva cesión a los independentistas, dejará sin poder a la Alta Inspección en la nueva Ley de la Educación. Lo que significa que las quejas de los padres, por ejemplo en Cataluña o en Navarra, no tendrán un cuerpo oficial de la Administración que las tramite, investigue y sancione si fuera necesario.

La nueva Ley de la Educación que prepara Isabel Celaá incluirá una nueva cesión al separatismo. Y, por lo tanto, un nuevo mazazo a los padres que decidan libremente educar a sus hijos sin adoctrinamiento separatista. La nueva ley, no sólo dejará sin definir la proporción de horas de clase que deben darse en español sino que, además, cualquier queja de los padres quedará sin cuerpo de la Administración Central al que acudir para comprobar la realidad: y es que la ya minusvalorada Alta Inspección educativa directamente ni aparece con funciones en la ley.

Se trata de uno de los cuerpos de la Administración más escondidos en décadas. Lo dejó en la práctica sin utilidad Rodríguez Zapatero, y los mantuvo sin cambios el anterior Gobierno de Mariano Rajoy hasta el último minuto y cuando el adoctrinamiento era yo obsceno: no aparecieron hasta la fase final de la legislatura y tras aprobar el 155 y la intervención en Cataluña: lo hicieron, además, para confirmar que el adoctrinamiento era generalizado pese a lo que el Gobierno de Rajoy hizo público que no era así, que se trataba de casos aislados. Ahora Pedro Sánchez los deja directamente sin papel real en la nueva ley. Literalmente no figuran con ninguna presencia.

Competencia educativa

Esta cesión supone de facto un traslado de la competencia educativa plena a la Generalitat, cuestión que no respalda la Constitución, puesto que la función de garantía de derechos y libertades de los ciudadanos de toda España no es delegable por parte del Gobierno ni del Estado Central. Por ello el artículo 149.1 de la Constitución señala que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

Y uno de esos derechos, obviamente, es el educativo, donde, según el artículo 27 de la Carta Magna: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Y todo ello, teniendo en cuenta que “los padres y, en su caso, los alumnos” tienen capacidad para intervenir “en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”.

Por eso es necesario el papel de la alta inspección educativa. Porque, precisamente al tratarse de materias cedidas a las comunidades autónomas que afectan a derechos básicos, debe haber un garante de la defensa de esos derechos, materia que no es transferible por el Estado Central.

Pese a ello, la indefensión con la nueva ley será absoluta: el Gobierno entregará a Cataluña la capacidad de determinar qué asignaturas se dan en español y cuáles en catalán. El borrador de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), elimina el punto en el que la anterior norma exigía una proporción "razonable" entre el español y el catalán. De facto ya no ocurría, pero es que ahora ni será exigible: uno, por quedar en la ambigüedad; dos, porque para reclamarlo, habría que acudir a la Generalitat ante la inexistencia de un papel para la alta inspección educativa.

Con la nueva norma socialista, “las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes".

El texto delega en una supuesta buena fe de la Generalitat golpista. Algo que, incluso con la ley actual, ha quedado ya más que negado: la inmensa mayoría de los centros escolares sólo imparten en español una asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Y ello, pese a que los tribunales exigen al menos un 25% del horario: dos asignaturas en vez de una.

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