Pardo de Vera desmonta el informe de la Intervención y acusa a la Fiscalía de analizar los contratos con «sesgo»

La ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera desmonta el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) y acusa a la Fiscalía Anticorrupción de analizar los contratos con «sesgo». Así se desprende de un informe de consideraciones que su defensa ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional.

El pasado mes de marzo se recibió en la Audiencia Nacional el informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, fechado a 2 de marzo de 2026, relativo a los expedientes de contratación, adjudicación y ejecución de ADIF, ADIF-Alta Velocidad y de la Dirección General de Carreteras.

La IGAE vio irregularidades que ahora la defensa de Isabel Pardo de Vera desmonta en un escrito de 22 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO. El abogado de la ex presidenta de ADIF comienza delimitando el régimen jurídico aplicable a la fase de licitación y adjudicación de los expedientes de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, los cuales considera que se hicieron conforme a los criterios fijados de antemano en el pliego.

«Lo que la IGAE cuestiona en su informe de 2 de marzo de 2026, de forma directa, es el juicio de legalidad y regularidad emitido por la Asesoría Jurídica sobre la licitación y, en los expedientes de modificación, el juicio técnico-jurídico favorable de la Inspección General del Ministerio y de los informes técnicos que apreciaron la concurrencia de los presupuestos habilitantes», explica.

Y prosigue: «De forma indirecta, desautoriza también la regularidad procedimental asumida por los demás órganos que permitieron elevar, autorizar y aprobar el expediente, así como la ausencia de alertas o reparos determinantes en los controles concurrentes».

Isabel Pardo de Vera recalca que la aprobación de las licitaciones por el Consejo de Administración de ADIF o de ADIF-Alta Velocidad vino precedida, tal como consta documentalmente acreditado en los expedientes en cuestión, de cuantos trámites, informes y documentos resultan preceptivos de acuerdo con las disposiciones legales que les son de aplicación.

Los informes

Isabel Pardo de Vera expone que, en todos los casos, existía el informe favorable de la Dirección de Asesoría Jurídica, dependiente de la Secretaría General y del Consejo de Administración.

«La Intervención Delegada realiza informes de fiscalización periódicos, conforme al plan de auditoría correspondiente, en el que se analizan diferentes áreas de actividad, entre ellas las relacionadas con la contratación y ejecución de sus contratos, sin que conste en ninguno de los informes emitidos al respecto aseveraciones, especulaciones o insinuaciones como las que se recogen en el informe de la IGAE», explica el abogado de Isabel Pardo de Vera en el informe presentado en la Audiencia Nacional.

Además, enfatiza que «no es aceptable en ninguna forma que el informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, de 2 de marzo de 2026, se presente ahora, ex post, como una corrección implícita y generalizada de todos los expedientes». 

«De estos informes, es preciso destacar, por la naturaleza objetiva e independiente de quien lo realiza respecto de la Entidad Gestora, así como por la experiencia y funciones que normativamente tiene atribuidas, el de la Inspección General del Ministerio de Fomento, que concluyó en todos los casos con un pronunciamiento favorable», asegura, recalcando que se ha cumplido escrupulosamente la normativa.

«Carece de valor»

La defensa de Isabel Pardo de Vera considera que en el informe presentado por la Fiscalía se hacen manifestaciones genéricas de un insinuado incumplimiento de la normativa y de falta de motivación en la asignación de puntuaciones, que pueda rebatir o probar que en los informes de valoración realizados por ADIF existan infracciones.

«En ausencia de esa explicación, el informe carece de cualquier valor invalidante de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, sobre la base de los informes de los órganos jurídicos, económicos y de control que intervinieron institucionalmente y que dictaminaron favorablemente la licitación o la modificación correspondiente. Esa falta de contraste interno reduce por completo su fuerza pericial», zanja.

Sesgo retrospectivo

Isabel Pardo de Vera también destaca que el análisis realizado por la IGAE se basa principalmente en conocer el resultado final de los procesos de contratación, lo que, en su opinión, crea un claro sesgo hacia el pasado.

La defensa de la ex jefa de ADIF también señala la necesidad de confrontar el informe de la IGAE con los informes previos del expediente: «La existencia acreditada de informes favorables previos emitidos por la Asesoría Jurídica y, en su caso, por la Inspección General del Ministerio competente, obliga a extremar el rigor de cualquier informe posterior que afirme irregularidades graves».

Y prosigue: «Sin esa labor de contraste, el informe de la IGAE se presenta como una valoración ex post que no explica su divergencia con la cadena institucional de control ya desplegada sobre los expedientes. Y esa omisión impide atribuirle, por sí sola, un valor concluyente frente a decisiones adoptadas en expedientes colegiados, informados y fiscalizados».

Isabel Pardo de Vera también explica que el informe de la IGAE formula en varios pasajes «apreciaciones críticas sobre decisiones técnicas adoptadas durante la tramitación y ejecución de los contratos sin aportar un análisis técnico alternativo que permita desvirtuar las conclusiones alcanzadas por los órganos especializados que intervinieron en los expedientes».

«El informe de la IGAE analizado no realiza tal ejercicio, limitándose en numerosos pasajes a formular hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas que no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno», concluye Isabel Pardo de Vera.