Crisis del coronavirus

Iglesias ordena a Julio Rodríguez controlar las causas judiciales para evitar responsabilidades por las residencias

Ha echado mano del ex JEMAD para intentar acceder a la Guardia Civil con el fin de saber por dónde avanzan las primeras investigaciones por la gestión del coronavirus en los centros de mayores

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pablo Iglesias
Julio Rodríguez, con Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias está preocupado por la deriva judicial de las reclamaciones penales y civiles por las muertes en las residencias de mayores. El vicepresidente social anunció el 19 de marzo que asumía el mando único del área de Servicios Sociales para atajar la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos.

Y desde ese momento, más de 18.000 ancianos han fallecido en los centros asistenciales de toda España. Ahora, el líder de Podemos ha encargado a su general de cabecera, Julio Rodríguez, que vigile de cerca los avances de estos procesos judiciales para intentar evitar que la investigación sobre las residencias acabe convertida en un duro golpe para la formación morada.

La cifra de muertes era de tan sólo 1.516 el pasado 26 de marzo, una semana después de que Iglesias asumiera el mando único social. Y desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente. Durante dos meses, las residencias no han tenido la menor noticia del vicepresidente Pablo Iglesias, ni han recibido ninguna ayuda del Gobierno, salvo la que ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Por eso, Iglesias ha echado mano de su alfil militar, el único que tiene contactos, al menos, para intentar acceder a la Guardia Civil con el fin de saber por dónde avanzan las primeras investigaciones por la gestión del coronavirus.

La preocupación del líder de Podemos es lógica. Su Gobierno dio una primera orden de dejar a los mayores contagiados en sus cuartos de las residencias. Lo hizo el 5 de marzo, cuando no había ningún colapso sanitario ni estado de alarma. Y después, el 24 de marzo -ya con el propio Iglesias al frente del mando único social y en plena explosión del virus y con los hospitales desbordados, Sanidad dio otra orden: no dejar a los familiares rescatar de las residencias a sus mayores encerrados y contagiados.

Y todo ello, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado de culpar a las comunidades autónomas de los fallecimientos en las residencias.
Hay que recordar que las muertes en los centros de mayores se han convertido en todo un punto de debate. Una polémica que se ha visto disparada por la negativa del vicepresidente social a dar información sobre las víctimas mortales en dichos centros.

Las empresas del sector de las residencias de mayores, de hecho, se muestran tranquilas ante las querellas que la Fiscalía ha presentado para esclarecer las muertes por coronavirus en las residencias. «Nos parece muy bien que se investigue para que salga a la luz la verdad. Las residencias no han fallado, ha fallado el sistema sanitario y desde el sector nos hemos sentido muy abandonados por las autoridades sanitarias», ha señalado el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

Y es que dos factores han contribuido a que en los dos últimos meses de pandemia se hayan registrado más de 18.500 muertes en las residencias sanitarias: el colapso del sistema sanitario y de los servicios funerarios. «Cuando las residencias llamaban al 061 o al hospital para informar de que uno de los ancianos tenía síntomas de coronavirus, nos decían que no podían ingresarlo porque estaban desbordados», relata Fernández-Cid, que añade que «esas llamadas están grabadas, y también existen los correos electrónicos, como podrá comprobar en su momento la Fiscalía».

A su juicio se ha producido una discriminación entre los ancianos que enfermaron en sus casas, que sí fueron admitidos en los hospitales, y las personas mayores de las residencias: «A nuestros ancianos no les han permitido ingresar en el hospital», ha señalado.

Y ese papel público es precisamente el que le preocupa a Iglesias. Porque él era personalmente el mando único de las residencias y el resto de servicios sociales.

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