Otra cesión al separatismo: Sánchez quiere aumentar el uso del catalán entre los jueces

Pedro Sánchez allana el terreno para la negociación en Cataluña, con Podemos como aliado esencial del separatismo. En consonancia con las reclamaciones independentistas, el Ejecutivo apoya un refuerzo en el uso del catalán en el ámbito judicial. Se trata de una de las pretensiones del Govern, cuya máxima ambición es disponer de una Justicia propia.

Así responde el Gobierno en una respuesta parlamentaria, planteada por sus propios socios de Podemos. El Ministerio de Justicia, ahora en manos de Pilar Llop, admite que «es consciente de la necesidad de impulsar la posibilidad de que las personas usuarias del servicio público de Justicia sean atendidas en la lengua española de su preferencia, promoviendo del mismo modo la claridad del lenguaje de las resoluciones y notificaciones».

Podemos insinúa una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «para atender debidamente el derecho de opción lingüística» de los ciudadanos. En concreto, la ley determina que «en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado». Aunque se añade que «podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión». «Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas», señala la norma. Podemos entiende, pese a ello, que no se garantizan los derechos lingüísticos.

‘Fuga’ de jueces

La demanda añade más presión a la compleja situación de los jueces en la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha advertido en reiteradas ocasiones de las ‘fugas’ de magistrados que, avisan, están deteriorando el funcionamiento de los juzgados en Cataluña.

En su exposición, Podemos se agarra a un informe reciente del Consejo de Europa sobre la protección de las lenguas regionales o minoritarias, en el que se pedía a España enmendar la ley del Poder Judicial para utilizar las lenguas cooficiales del Estado en los procedimientos judiciales si así lo solicita una de las partes.

En el informe, el organismo considera que «los jueces y el resto del personal de los tribunales utilizan normalmente el español y deben usar la otra lengua oficial de la región si ninguna de las partes se opone». Añade que «cuando una parte persiste en usar la lengua cooficial se suele recurrir a la utilización de un intérprete, en vez de llevar a cabo todo el proceso en esta lengua».

Requisito del catalán

Podemos destaca que el Consejo de Europa critique «que en el acceso al empleo público en la Administración, el conocimiento de las lenguas oficiales distintas del castellano de un territorio no sea un requisito obligatorio, sino tan sólo un mérito a tener en cuenta».

Así, los podemitas reprochan que «el conocimiento de algunas lenguas extranjeras no oficiales en España a menudo puntúe más en la evaluación de las solicitudes de algunos empleos públicos que el conocimiento de lenguas que no son oficiales».

«Se denuncia que quienes acaban imponiendo la lengua son los jueces y juezas, la mayoría de los cuales tiende a ignorar las peticiones legítimas de las partes en ejercicio de sus derechos lingüísticos», afean desde el partido de la coalición.