Ofensiva contra la Ley Celaá: el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España

El Partido Popular inicia su ofensiva contra la Ley Celaá, que este jueves se ha aprobado por la mínima en el Congreso de los Diputados. La polémica reforma educativa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez supone la liquidación del español como lengua vehicular y un ataque a la educación concertada y especial.

El texto de la moción, al que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca que la LOMLOE supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa, por varias razones:

1.Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.

2.Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.

3. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.

«Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad   propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias», insisten los ‘populares’. 

Por ello, proponen varias iniciativas, desde el ámbito municipal.

Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.

Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.

Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.

Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.

Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.

Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.

Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, como la creación de un Fondo de Cohesión Territorial  que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y  permia actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.

El refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.

Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.

Implantar un  Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.

Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.

Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo, mediante un Plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales

Además, proponen incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera, reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo e incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.