Ni la Justicia se salva de los ‘vacunajetas’: dimite el fiscal jefe de Castellón por colarse

El fiscal jefe de Castellón José Luis Cuesta ha presentado su dimisión ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras hacerse público que se vacunó contra el coronavirus saltándose el protocolo sanitario. Cuesta se une así a una larga lista de vacunados VIP, algunos de los cuales han dimitido. El ya ex jefe, llevaba al frente de la Fiscalía de Castellón desde noviembre de 2012, y este era su segundo mandato.

Los últimos meses de Cuesta al frente del Ministerio público castellonense han destacado por estar cargados de polémica, así como por una guerra abierta con sus compañeros magistrados, pues la Junta de Jueces de Castellón solicitó amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por el comportamiento del que fuera su jefe. Cuesta ha presentado su dimisión después de que desde la Fiscalía General del Estado se enteraran el martes por la noche que se había colado en la vacunación. La vacunación VIP fue adelantada por la edición valenciana de eldiario.es.

Según consta en el acta de la Junta de jueces, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, José Luis Cuesta habría gritado, insultado e incluso modificado expedientes judiciales a los que solo deberían tener acceso los magistrados. Pero lo más grave de todo, es que los jueces le acusan de haber retenido una causa sobre abusos sexuales a discapacitados durante dos meses, lo que provocó según especifica el acta en ese tiempo «el presunto agresor abordó en otras dos ocasiones a la víctima y a otras dos internas».

Abusos sexuales

Así, el hecho sería de extrema gravedad pues aseveran los jueces que: «José Luis Cuesta dio órdenes al capitán de la Guardia Civil, para que un atestado que se estaba instruyendo por presuntas agresiones en un centro de discapacitados, en el que tanto el presunto agresor como la víctima eran personas con discapacidad, se concluyera sin recoger denuncia a la directora del centro, ni a la madre de la víctima que era quien tenía la curatela».

Además, pese a que en las diligencias policiales se especificaba que «debían ser entregadas a la autoridad judicial con la máxima brevedad posible ante la necesidad de dar protección a la víctima, con la expresa recomendación de acordar un alejamiento», el José Luis Cuesta abrió unas diligencias de investigación, pero no solicitó ninguna medida cautelar, por lo que la causa no se consideró urgente y tardó dos meses en llegar a manos de un juez. En ese tiempo, el agresor, también discapaz, habría abusado de tres internas, entre ellas la denunciante.

Tras tener conocimiento de estos hechos la jefatura de la Comunidad Valenciana, se le abrió un expediente informativo que se elevó a la Inspección Técnica de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía de Dolores Delgado archivó el expediente, pese a las denuncias de los magistrados que le acusan de haber propiciado que el abusador siguiera abusando de las víctimas durante dos meses.

Cicerone

Otro hecho gravísimo del que acusan a José Luis Cuesta es de modificar expedientes judiciales a través del sistema Cicerone, el que utilizan los magistrados valencianos para archivar las diferentes causas judiciales. Desde que entró en vigor la Ley de Plazos, los fiscales tienen acceso a este sistema, pero solo a modo de consulta para saber cuándo han de solicitar las prórrogas de los asuntos.

Sin embargo, dice el acta de la junta de jueces que ese acceso «en modo alguno puede amparar una modificación, rectificación o escritura directa de documentos que, según se ha conocido, se permite y está llevándose a cabo, extremos que conocemos».

Aseveran que las actuaciones de José Luis Cuesta «denotan un intento de fiscalización y control de las actuaciones judiciales, y decisiones de los jueces de instrucción, así como de las instrucciones que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, los mismos imparten a la Policía Judicial y ello, incluso antes de la judicialización de las causas  que, entendemos, en absoluto se encuentran amparadas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o instrucción alguna, y que suponen una injerencia en nuestra función».

Llueve sobre mojado

José Luis Cuesta ya fue cesado como fiscal delegado de Menores en 2010 por el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por falta de confianza del fiscal jefe de Castellón y anteriormente fiscal del caso Maeso, Javier Carceller.

Pero además, cuando sucedió aquello, Cuesta ya tenía dos expediente gubernativos abiertos, así como una reprobación de la Junta de fiscales de la capital de la Plana. Por uno de los expedientes fue sancionado, el resultado del otro, abierto «por faltar a sus labores como fiscal», no se hizo público el resultado en aquel entonces.