Los mossos leales listos para quitar lazos: «Sánchez se lava las manos para no estropear sus pactos»

La Junta Electoral Central tendrá que decidir en las próximas horas qué hacer si Quim Torra persiste en su órdago y se niega a retirar los lazos amarillos. Pero será el jueves, en una nueva reunión de este organismo, encargado de supervisar la estricta neutralidad que exige todo período electoral.

Hasta ahora, la Junta ha mostrado un perfil muy garantista, al otorgar al presidente catalán hasta dos plazos para ejecutar sus órdenes, los dos desoídos. El último, de 24 horas, este martes, cuando le apercibió de las posibles responsabilidades administrativas o penales de «persistir en la desobediencia a los acuerdos de la Junta». El lunes ya había determinado la retirada de los lazos y las esteladas al considerarlos «símbolos partidistas». El delito podría ser de desobediencia, con cárcel e inhabilitación, además de multas de hasta 3.000 euros.

Torra ha asegurado que acatará las recomendaciones del defensor del pueblo catalán, que le ha aconsejado que retire los lazos en periodo electoral.

En caso contrario, y si persiste en la desobediencia, el plan de la Junta Electoral es dar traslado a la Fiscalía de un hecho de semejante gravedad y ordenar a los Mossos d’Esquadra la retirada de los símbolos.

Un mandato judicial

De nuevo, el foco recae sobre los agentes, colocados en la encrucijada de la legalidad y la tutela de un gobierno independentista que sanciona con expedientes el cumplimiento de la Constitución.

En fuentes del cuerpo autonómico, fieles a la legalidad, se declaran preparados para acatar las órdenes de la Junta cuanto antes y no ocultan su sorpresa porque esa decisión se venga retrasando desde hace días. «No entendemos que se tarde tanto en dar la orden», exponen, contrariados. Recuerdan, además, que esa orden tiene efectos de «mandato judicial», dirigida al órgano competente para ejecutarla. En este caso, la Policía autonómica. «La Junta Electoral es un juez y lo que tiene que hacer es dar un mandato», opinan rotundos. Y en caso de que no se cumpla, «la desobediencia está clara».

La decisión de la Junta Electoral de movilizar al cuerpo de los Mossos para ejecutar una orden, por desobediencia de las autoridades, sería, sin duda, inédita. Pero también lo es una vulneración tan flagrante de la imparcialidad institucional ante unos comicios y la negativa reiterada de un presidente autonómico a respetar la legalidad electoral.

El Gobierno en perfil bajo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido delegar cualquier acción den la Junta Electoral. De hecho, el presidente no se ha pronunciado sobre la cuestión y, en la medida de lo posible, evitará hacerlo. La intención es evitar un nuevo embrollo con los dirigentes secesionistas en un tema especialmente simbólico. En fuentes de los Mossos d’Esquadra se observa abiertamente que «Sánchez se lava las manos, no interviene ni nos controla, para no estropear sus pactos».

La única respuesta de La Moncloa fue, este martes, recordar que es la Junta la «competente» para «dar los siguientes pasos». Estos sería, recordó Moncloa, «tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos». «En este caso, dicha tarea correspondería a los Mossos d´Esquadra, como policía integral desplegada en la Comunidad Autónoma de Cataluña», señalaron, en un apunte a los periodistas.

La delegación del Gobierno en Cataluña remitió además al organismo un informe sobre la presencia de lazos en algunos edificios dependientes de la Generalitat: el Palau y ocho consellerías, con las fotografías correspondientes.

No se trata ni siquiera de un informe completo. Moncloa admitió, en la misma aclaración, que «los edificios públicos dependientes de la Generalitat son cientos» y por eso, «siguiendo las instrucciones de la Junta» sólo se había tomado una «muestra representativa». «A partir de este momento (la delegación) queda a la espera de lo que necesite la Junta, si requiriese una ampliación de la presente información», se aseguró en fuentes gubernamentales.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reclamó a Sánchez que ponga «todos los mecanismos a su alcance», incluida la Policía y las delegaciones de Gobierno «para que se respete la neutralidad del espacio público y se retiren los lazos».

En fuentes policiales consideran que «lo ideal» sería que actuasen los Mossos, aunque, en caso de que los superiores se nieguen también a acatar esas órdenes, serían ellos los que podrían asumir la orden. Entonces, aclaran también, «habría que procesar al que se niega a acatarla».

La fotografía de los mossos retirando los lazos amarillos, un símbolo ya icónico para el secesionismo, tendría un gran impacto.

Hace unos días, varios agentes identificaron y denunciaron a cuatro personas que intentaban descolgar de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los «presos políticos», con un lazo amarillo, tras la orden de la Junta Electoral.

Durante el incidente se vivieron momentos de tensión y empujones entre los policías y el grupo actuante, formado por una veintena de personas, que espetaron gritos como «dónde estabais el 1 de octubre» o «respetad la Constitución».