Moncloa no hace ni acuse de recibo de la carta del PP para negociar el CGPJ tras el ultimátum de Lesmes

La parálisis de Moncloa para sentarse con el PP a negociar la renovación del CGPJ es tal, que ni siquiera ha hecho acuse de recibo de la carta que Génova mandó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la pasada semana tras el ultimátum del presidente del Supremo y del órgano de gobierno, Carlos Lesmes. «Ni acuse de recibo», señalan fuentes populares sobre la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la misiva que le remitió el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons.

En su discurso con motivo de la apertura del Año Judicial el pasado miércoles, Lesmes hizo un llamamiento urgente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que se reúnan y desbloqueen la situación. De lo contrario, amenazó con presentar su dimisión «en semanas». Y ya se apunta el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, como la fecha tope hasta la que el presidente del Supremo y el CGPJ aguantaría en el cargo.

En concreto, Lesmes pidió una «solución definitiva» a Sánchez y Feijóo -presente en el acto- de manera que «el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido», remarcó en alusión a la contrarreforma del Gobierno.

Esta contrarreforma, aprobada por el Congreso el pasado julio, permite al CGPJ hacer los dos nombramientos del Tribunal Constitucional que le corresponde pese a estar en funciones. Sin embargo, continúa inhabilitado para hacer nombramientos del Tribunal Supremo, a partir de la reforma impulsada por PSOE y Podemos en marzo de 2021.

La citada contrarreforma establece que este 13 de septiembre era la fecha límite para la que se deberían haber propuesto en el CGPJ los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar a dicho Consejo (en sustitución de Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares). Por su parte, el Gobierno tiene que nombrar a otros dos, algo que ha podido hacer desde el 13 de junio, cuando caducó el mandato de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.

La modificación que introdujo el PSOE en el artículo 570 bis de la LOPJ en julio dice lo siguiente: «La propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior», que fue el 12 de junio.

«Aparentar»

Ya el pasado viernes, el propio Félix Bolaños, en declaraciones en La Rioja, despreció públicamente la misiva del PP calificándola de «un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar». «Me han mandado una carta de once folios llena de excusas y líneas rojas y condiciones», manifestó el ministro de Presidencia con tono elevado. «Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar y en una tarde renovábamos», señaló. Asimismo, el ministro acusó al PP de «instigar» a los vocales del CGPJ para no proponer candidatos antes de este 13 de septiembre.

Desde el PP subrayan que pese a acceder a la renovación del CGPJ con la ley actual (con el compromiso de una reforma posterior para que los jueces elijan a los jueces), «el Gobierno sigue enrocado en un pacto sobre nombres», como los que le pidió la ministra de Justicia, Pilar Llop, a Feijóo en la apertura del Año Judicial. Los populares recalcan que «más importante que los nombres es el perfil de los candidatos», es decir, deben ser candidatos despolitizados y con acreditada experiencia. De igual modo, sobre los magistrados para renovar del Constitucional, Feijóo dijo este lunes que sería «bueno» saber quiénes son los candidatos del Ejecutivo a fin de tener «información sobre cuáles son los perfiles en los que confía» Sánchez para el máximo garante de la Carta Magna.

Independencia

Además, el PP basa cualquier negociación en sus propuestas para reforzar la independencia judicial. Medidas que el Gobierno no quiere ni escuchar, como no poder ejercer de fiscal general del Estado quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores; antigüedad de 25 años de servicio activo para ser magistrado del Tribunal Supremo o poner fin a las «puertas giratorias», de forma que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.

Bruselas

Entretanto, Bruselas, a través de la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová -a la que también se dirigió Pons por carta la semana pasada- ha mostrado su respaldo al presidente del CGPJ y ha advertido de que el «correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate».