Moncloa deja en el aire si el teléfono espiado de Sánchez fue el personal y no el oficial

El Gobierno ha dejado entrever al Congreso de los Diputados que el teléfono móvil del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que resultó espiado fue el personal y no el oficial, según sendas contestaciones escritas ofrecidas al Partido Popular en la Cámara baja.

En concreto, las diputadas del PP Ana Belén Vázquez, Elena Castilla e Isabel Borrego preguntaron al Gobierno el pasado mayo si los móviles afectados por el software Pegasus eran privados o públicos, y también se interesaron, dentro de su función de control al Ejecutivo, por el tipo de documentos que podrían haberse visto comprometidos. Sin embargo, Moncloa se escudó en que el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se encontraba entonces bajo «secreto de sumario» para no aportar información alguna. Esta fue la contestación del Gobierno el pasado 1 de junio.

Apenas una semana después, el 7 de junio, el instructor levantó el secreto se sumario y las diputadas del PP, con su portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez, volvieran a registrar la misma pregunta parlamentaria para arrojar luz sobre este asunto. «¿Los terminales afectados por el caso Pegasus, de miembros del Gobierno, se correspondían con líneas que dan servicio a terminales de uso privado o de uso público?», plantearon al Gobierno, instándole a indicar «el número de casos de cada tipo».

Ahora, sin la coartada ya del secreto de sumario, puesto que fue levantado por el juez hace semanas, el Ejecutivo no sólo no desmiente que los terminales afectados fueran los personales, sino que se limita en su contestación -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- a remitir a dos comparecencias, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el 4 de mayo en la Comisión del ramo, y la de Sánchez en el Pleno del Congreso el 26 del mismo, donde no se resolvió esta cuestión. Ni Sánchez ni Robles hablaron de que sus terminales espiados fuesen los oficiales, en lugar de los privados. No entraron en el fondo del asunto.

OKDIARIO publicó el pasado mayo que fuentes de la Seguridad del Estado apuntaron entonces que el espionaje con Pegasus a los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa se ejecutó sobre sus teléfonos de uso privado, no sobre los que teóricamente utilizan para comunicar asuntos de Estado. Esos dispositivos personales no cuentan con el alto nivel de seguridad que sí tienen los móviles oficiales que utilizan los miembros del Gobierno y la Casa Real, desarrollados por Indra y gestionados por el CNI.

Confidenciales

La información y los datos que habrían sido extraídos de los teléfonos de Sánchez y Robles, por tanto, serían de carácter privado y no institucional. O al menos, no deberían serlo, a no ser que ambos hayan empleado ese smartphone privado, el de uso personal, para comunicar asuntos de Estado. Y esto es lo que el PP cree que habría ocurrido, en un claro incumplimiento de la ley, puesto que el presidente, los ministros y otros altos cargos del Gobierno no pueden tener documentos confidenciales, de los que considerados clasificados, en terminales de uso personal. Junto a ello, el principal partido de la oposición sospecha que el bandazo de Sánchez con el Sáhara y su sumisión a la posición de Marruecos está ligado al espionaje de su móvil.

El pasado 7 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que el Centro Criptológico Nacional (CCN) -organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- ve imposible conocer qué documentos fueron robados de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de los ministros que fueron infectados entre mayo y junio de 2021 con el software Pegasus. Si bien, aseguró que, en su caso, «en el teléfono que ha sido objeto de la infiltración yo no guardo ningún documento oficial». Extremo sobre el que presidente Sánchez todavía no se ha pronunciado en relación a su terminal atacado.

En una entrevista concedida a Ep, la titular de Defensa manifestó que los informes técnicos que ha llevado a cabo el CCN hasta la fecha ha coincidido en que es «imposible» saber cuáles han sido los datos que se llevaron de los terminales de miembros del Gobierno. Robles declaró que no tiene «ni idea» de lo que se llevaron del suyo.

2,6 gigas

En este contexto, la ministra indicó que tampoco ella misma puede dar con la información que extrajeron de esa intrusión porque «la cantidad es muy pequeña», en su caso, 9 megas, la menor de la tres intrusiones. Por su parte, del móvil del Sánchez, el programa de ciberespionaje accedió a 2,6 gigas y 130 megas del móvil de Sánchez, y del terminal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a más de 6 gigas de información.

Además, Robles remarcó que «lo importante es saber quién ha entrado en los teléfonos y no nos podemos desviar de las cuestiones».