Marlaska examinará a los nuevos policías en «corrección, imagen y creatividad»

El Ministerio del Interior ha aprobado el reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional, que rige la formación de los agentes «para la mejor prestación del servicio policial a la ciudadanía». El departamento de Fernando Grande-Marlaska destaca que la capacitación de los policías debe «redundar en el cumplimiento de las exigencias derivadas de la fundamental y delicada misión que la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Por ello, además de los contenidos básicos, el Ministerio ve «fundamental» que en los planes de estudios -tanto para acceder al cuerpo como para aspirar a un ascenso- exista una «herramienta» de «evaluación de actitudes y valores».

Así se recoge en el real decreto aprobado por Marlaska por el que se aprueba el reglamento de los centros docentes de los policías, consultado por este periódico.

«Esta herramienta se configura como un sistema novedoso que supera el sistema de corrección de disciplina docente (…) por otro con el que se persigue que el alumnado se implique en su propia formación y en la adquisición de los valores profesionales de responsabilidad y liderazgo, competencia, integridad y disciplina, dedicación y compromiso, corrección e imagen, flexibilidad y creatividad, y trabajo en equipo», se recoge en el citado decreto.

«Valores y actitudes»

La evaluación de esos «valores y actitudes» de los policías, que establece el nuevo decreto de Marlaska, se realizará «mensualmente por el tutor o tutora» del curso, «tomando como base el comportamiento del alumnado, calificándose cada valor profesional de cero a diez puntos y requiriéndose una puntuación mínima de cinco puntos en cada uno de ellos para obtener la declaración de apto o apta».

En caso de que, tras esa evaluación, el alumno sea declarado «no apto», dispondrá de un plazo para presentar alegaciones, tras el cual será convocado a una reunión «con su tutor o tutora y un psicólogo o psicóloga en la que, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas, le formularán recomendaciones con el fin de mejorar los valores profesionales calificados negativamente».

A la finalización del curso, se realizará una «evaluación final de las actitudes y valores del alumnado». Si resultase inferior a cinco puntos en cualquiera de los valores profesionales indicados se informará a la persona afectada y se le concederá un plazo para formular alegaciones, que serán evaluadas por «un órgano colegiado constituido al efecto en el correspondiente centro docente».

Según el reglamento, «la resolución de la persona titular de la Dirección General de la Policía en la que se acuerde la no superación del proceso selectivo por parte de un alumno o alumna como consecuencia de ser declarada no apto o no apta en la evaluación de las actitudes y valores supondrá su exclusión del mismo, con pérdida de toda expectativa de ingreso, acceso o promoción derivada de la superación de la fase anterior o de las asignaturas que integran la fase del curso».

«Neutralidad política»

Esa evaluación de las «actitudes y valores» se suma a la polémica por la aprobación del nuevo Código de Conducta de la Guardia Civil, que suscitó las críticas de las organizaciones. La asociación mayoritaria Jucil llegó a recurrir al Tribunal Supremo por entender que el código suponía un «nuevo intento» de Marlaska de «imponer» a los agentes «la proscrita obediencia ciega a las órdenes», además de un ataque a la libertad de expresión de los guardias civiles al confundir «la neutralidad política con la crítica política».

En concreto, el Código de Conducta obliga a los guardias civiles, según su artículo 13, a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista». También se requiere «respeto y consideración a la pluralidad y singularidad» de los territorios de España.

Cabe recordar que, el pasado noviembre, Interior expedientó a tres guardias civiles -con suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave- por sus críticas a la Ley de Amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo. Uno de ellos era el portavoz de Jucil, Agustín Leal, quien acusó a Sánchez de cometer «la mayor felonía» por su plan de amnistiar a los dirigentes independentistas catalanes. El Tribunal Militar Central obligó finalmente a Marlaska a rehabilitarle, paralizando la suspensión cautelar.

Como publicó OKDIARIO, Interior prepara varios mecanismos para controlar la aplicación del Código de Conducta, entre ellos, un «Observatorio de conducta ética».