Marlaska dará presunción de veracidad a todos los presos que denuncien malos tratos en prisión

Hace unos días un preso trató de arrancarle los ojos a un funcionario de prisiones. Días antes otros dos presos violentos trataron de secuestrar y apuñalar a otro trabajador. El pasado fin de semana un chico de 19 años privado de libertad se resistió a abandonar el comedor una vez terminado el horario de comida, reaccionó de forma violenta, fue enviado a aislamiento y al salir atacó a un funcionario mordiéndole un brazo. El trabajador vestía un forro polar, pero el interno atravesó el tejido y clavó sus dientes en la piel del trabajador.

Y así, enumerando agresiones ocurridas sólo durante 2021 podría acabar este artículo porque se ha contabilizado más de una treintena de hechos graves en los primeros tres meses del año. ¿Y qué es lo que ha decidido hacer el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias? Redactar una circular con fecha de este mismo mes dejando muy claro a los directores de todas las cárceles de este país que entre lo que diga un funcionario y un preso que denuncie malos tratos siempre prevalecerá la presunción de veracidad sobre el interno, o lo que es lo mismo, un funcionario será presuntamente culpable de maltratarlo hasta que se demuestre lo contrario.

«Desde los Servicios Centrales se han venido apreciando discrepancias y disfunciones en la forma de proceder de los centros cuando se tiene conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito, específicamente, ante la emisión de partes de asistencia por lesiones por parte del personal sanitario y ante la recepción de quejas o denuncias específicas en materia de malos tratos infligidos a las personas privadas de libertad». Así arranca una de las circulares repartidas en todas las cárceles españolas desde hace unas horas. Según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO da igual el centro, las circunstancias del interno, su conducta previa en prisión o que incluso no haya ninguna prueba que respalde la acusación de maltrato de un preso contra los trabajadores.

Sí, tal cual, independientemente de que no existan pruebas del presunto maltrato este hecho deberá ser puesto inmediatamente en conocimiento del juzgado de guardia correspondiente. «Es necesario que se cumplimente el preceptivo parte de lesiones en todos los casos atendidos por el personal sanitario, incluso en la ausencia de lesiones objetivables especialmente cuando el interno asegure haber sido objeto de maltrato. En este caso, deberá constar en el parte lo que el lesionado refiere y el resultado negativo de la exploración», explica el documento que está en poder de este periódico.

Desautoriza a los trabajadores

El papel lo soporta todo, pero en el mundo real esto implica despojar de iniciativa y autoridad a los directores de las prisiones, que son los que conocen el día a día de los presos y sus precedentes durante su estancia en la cárcel.

También afecta a los servicios sanitarios, cuyos conocimientos son los que deben discernir entre agresiones reales, ideadas e incluso autoinflingidas, pero sin duda, esto supone el enésimo ataque al cuerpo de funcionarios de prisiones por parte de Interior, porque velar por los derechos de los presos no tendría por qué suponer que un funcionario acabe investigado en una causa por maltrato sin pruebas ni lesiones, sino que sólo baste la acusación desnuda del interno.

Enumerando los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Código Penal la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desarrolla un minucioso protocolo que trata de abarcar todas las posibilidades de denuncia, daños, medios de prueba y plazos para llevar la denuncia del preso ante el juzgado, pero en el documento de seis páginas firmado por el subdirector general José María Pérez Peña no hay ni un hueco en el que quepa mencionar la presunción de inocencia de los trabajadores penitenciarios acusados de haber maltratado a un interno.

Una trabajadora penitenciaria ha valorado para este periódico el sentir que ha provocado esta orden entre ella y sus compañeros: «Esta instrucción acaba con la profesionalidad, la presunción de inocencia, la veracidad y la profesionalidad de los funcionarios de prisiones incluyendo los datos personales de los mismos en un fichero de «torturadores». Y, por cierto, cuando nuestros nombres entren en un procedimiento, sea cual sea su resultado, ¿cuándo se nos borrará del sistema como acusados de maltratar a un interno? Somos los primeros en pedir que protejan a los presos y que se persiga si alguno de nosotros se extralimita. Pero eso está muy lejos de lo que dice esta circular».

Pero esa no es la única consecuencia de una instrucción de estas características. Insisto, el papel lo soporta todo, pero a partir de ahora ¿cómo debe conducirse un funcionario cuando vea que un preso trata de arrancarle los ojos a un compañero, o de secuestrarlo y apuñalarlo, o de morderle? Pues como poco titubear a la hora de decidir actuar porque como a estos presos les dé por decir que han sido maltratados al funcionario se le complica de manera inmediata la existencia.