La Ley Celaá permitirá también a las comunidades imponer lenguas no oficiales en perjuicio del español

La polémica Ley Celaá, que vendrá a sustituir a la actual ley educativa, plantea un panorama incierto para la enseñanza en español. Además de la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para suprimir el carácter vehicular de la lengua común, se abre también la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan imponer lenguas que no tienen ni siquiera la consideración de oficial.

«Aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora», se recoge en el texto.

El PSOE busca así fomentar, además de las lenguas co-oficiales, aquellas que ni siquiera son consideradas como tales, ni compartidas en todo el territorio de una comunidad autónoma, como el caso del bable en Asturias. El Principado ya desarrolló un plan piloto, en 2017, para impartir una asignatura, en parte, en asturiano. La anterior ley, la LOMCE, establecía que esas lenguas se podrían ofrecer «en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica».

Polémicas

El Gobierno ha acabado imponiendo la Ley Celaá por una ajustada mayoría parlamentaria, y pese a las críticas recibidas por parte de la oposición, las propias asociaciones de padres y madres y colectivos de docentes. El debate en el Congreso, este jueves, acabó con gritos de «¡Libertad, libertad, libertad!» desde las bancadas de PP, Vox y Ciudadanos.

Los principales puntos de polémica se refieren al español, pero también a la educación concertada y especial. Con respecto al primero, se suprime la consideración de lengua vehicular, con un redactado que otorga el poder a las comunidades autónomas para decidir qué contenidos se imparten en la lengua común.

«Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable», se indica. 

Aunque se señala que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente», el Estado no tendrá mecanismos para asegurarlo, sino que serán las correspondientes administraciones educativas las que apliquen los «instrumentos de control» que consideren. Además, corresponderá a los centros «impulsar las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas». 

Constitución

La ley plantea dudas sobre su constitucionalidad -la oposición ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional- en la medida en que la Carta Magna avisa, en su artículo 3, que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». 

Distintos pronunciamientos judiciales, además, han recordado la obligación de que el español sea lengua vehicular. En 2010, el Constitucional ya instó a la Generalitat a «adoptar medidas» para ello. Y distintos fallos han ido en la misma línea, determinado además la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en la lengua común de todos los españoles.

El Gobierno ha conseguido de manera ajustada sacar adelante la reforma en la votación en el Congreso, con 177 votos a favor (uno más que la mayoría absoluta) por 148 en contra y 17 abstenciones. Lo han apoyado ERC, el PNV, Más País y Compromís, mientras que JxCat y Bildu se han abstenido junto al BNG y Teruel Existe. PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP lo han rechazado.

El trámite sigue ahora en el Senado, y después volverá al Congreso, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva, algo que se prevé para principios del próximo año.

Otras medidas

Además de liquidar la enseñanza en español, la Ley Celaá supone un duro golpe para la educación concertada y especial. Así, se determina que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.

Además, se establece que «el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Los alumnos podrán pasar de curso cuando el equipo docente estime que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Repetir se considerará algo excepcional y sólo se podrá permanecer en el mismo curso una vez y dos como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

Se prohíbe la segregación por sexo y se impone la enseñanza de la Memoria Histórica, la visión sesgada del Gobierno sobre la Guerra Civil y la dictadura. También se propone la educación afectivo-sexual desde Primaria, o, como informó OKDIARIO, en «educación emocional» y «justicia fiscal».