La Fiscalía acusará de sedición y desobediencia al President

Artur Mas sigue siendo el presidente de la Generalitat en funciones, por lo que será el primer responsable si se aprueba una sola ley independentista en contra de la suspensión cautelar que dicte el Constitucional.

De esta manera, una vez que el Constitucional actúe, tanto inhabilitando a aquellas personas que realicen las acciones, como con el establecimiento de sanciones económicas, si entendiera que hay indicios de delito daría traslado al Ministerio Fiscal y éste actuaría en consecuencia, acusando de dos posibles delitos (sedición y desobediencia) a todo aquél que realizara dichas acciones.

El Gobierno y la Fiscalía se han puesto «manos a la obra» para evitar que se vuelva a producir la descoordinación interna que se produjo alrededor de la consulta del 9-N del año pasado. Por ello no van a esperar a que se produzcan los acontecimientos, y los fiscales trabajan ya en la preparación de las posibles respuestas legales si avanza el proceso de ruptura.

En el Ministerio Fiscal se da por hecho que habrá querellas si se produce finalmente la desobediencia anunciada ya por lo grupos independentistas. En concreto se estudia la aplicación del delito de sedición y de desobediencia a la autoridad si las cosas siguen avanzando en la misma dirección que hasta ahora.

¿Qué es la sedición?

Es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución.

Según recoge el Código Penal, los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

¿En qué consiste el delito de desobediencia? 

La desobediencia consiste en el incumplimiento de una orden o mandato, en la negativa a cumplir lo ordenado.

El delito de desobediencia grave a la autoridad está contemplado en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, al igual que el de resistencia y el de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.

El delito de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes está castigado con pena de prisión de seis meses a un año.

La desobediencia exige que previamente exista una orden directa y terminante de la autoridad o sus agentes, dictada con las formalidades legales, en este caso por el Tribunal Constitucional.

Insisten en no obedecer

Varios diputados de la CUP y Junts Pel Sí ya han anunciado que continuarán avanzando hacia la independencia. Mientras Antonio Baños (CUP) aseguraba que desobedecerán lo que diga el Constitucional, Raül Romeva afirmaba que «ha llegado el momento de ir a por todas».

En su intervención ante el pleno, quien encabezara la candidatura independentista de Junts Pel Sí, ha asegurado que la resolución sirve para encarar de forma definitiva el camino hacia el independentismo y ha advertido de que «no obedeceremos las eventuales decisiones del Tribunal Constitucional en contra de la resolución».

Romeva ha explicado que el paso que este lunes da el Parlament hacia el Estado catalán «no quedará supeditado a las decisiones del Estado ni, en particular, del Constitucional. ¿La razón? Esta institución ya hace tiempo que con sus decisiones ha quedado deslegitimada».

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado la posibilidad de que «una formación política pueda desobedecer leyes», algo que ha tachado de «rechazable». Catalá ha asegurado tajante que «es implanteable en un Estado de derecho que nadie esté por encima de la ley, que es la manifestación de la voluntad popular».