Koldo García sigue a Ábalos y también se querella contra el ministerio de Puente por su auditoría

Koldo García también ha presentado una querella contra Belén Villar y Belén Roel, funcionarias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por presuntos delitos de falsedad documental en documento público y falso testimonio de perito. El escrito, consultado por OKDIARIO y que ha sido presentado este 30 de julio ante un juzgado de instrucción de Madrid, denuncia manipulaciones en el informe de auditoría sobre las compras de mascarillas durante la pandemia.

La acusación, que se suma a la de José Luis Ábalos, se centra en el documento elaborado el 19 de agosto de 2024 por la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía. Koldo García alega que el informe ha sido confeccionado de manera sesgada para incriminarle en el denominado caso Koldo. Según el querellante, las funcionarias han tergiversado declaraciones, omitido datos exculpatorios y ocultado documentos técnicos relevantes.

La querella destaca significativas discrepancias entre el informe del ministerio y las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Mientras el informe ministerial cuestiona el cumplimiento de requisitos en los expedientes de emergencia, el Tribunal de Cuentas había validado la legalidad del procedimiento en su informe de octubre de 2022.

«Cabe entender justificada la tramitación de emergencia de estos 2 expedientes, no sólo desde un punto de vista formal, por darse los presupuestos requeridos por un Real Decreto-Ley, sino también desde un punto de vista material o sustantivo», señaló el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el informe ministerial concluye que «los requisitos exigibles en este tipo de expedientes no se cumplieron en su integridad».

En cuanto a los precios, ambos informes coinciden en que el coste de 2,50 euros por mascarilla fue inferior a la media del mercado. El Tribunal de Cuentas estableció que «el precio medio pagado por el total de las mascarillas fue de 3,43 euros por unidad, siendo en marzo de 3,38 euros y en abril de 3,65 euros».

Omisión de documentación

El querellante denuncia la ocultación deliberada del cuadro de previsión de necesidades elaborado el 19 de marzo de 2020 por los órganos técnicos del ministerio. Este documento, según la comparecencia de Javier Sánchez Fuenfría ante el Senado, establecía las necesidades de mascarillas «para quince días y para un mes».

«El día 19 de marzo, el subsecretario me dice que el ministerio está intentando hacer una compra de mascarillas y que me ponga en contacto con todos los responsables de las entidades para conocer cuáles son las necesidades», declaró Sánchez Fuenfría. La omisión de este documento habría impedido justificar el incremento de 4 a 8 millones de mascarillas.

Tergiversaciones

Michaux Miranda, ex director general de Gestión de Personas de ADIF-Alta Velocidad, denunció ante la Audiencia Nacional que sus declaraciones fueron manipuladas. «Lo que se recoge ahí no refleja la realidad de los hechos ni mis propias declaraciones que están o descontextualizadas o directamente tergiversadas», manifestó el 19 de septiembre de 2024.

Miranda describió la metodología empleada como un «despropósito tanto de contenido, de metodología, de fondo y de forma». Explicó que durante las entrevistas «se intenta formular y reformular las preguntas cada vez de manera más capciosa».

Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, también cuestionó la validez del documento. «Creo que no responde a lo que es una auditoría en sí misma o lo que yo he venido en mi experiencia durante 20 años conociendo como una auditoría. Efectivamente, yo le llamaría un informe bastante incompleto», declaró el 16 de septiembre ante la Audiencia Nacional.

La querella subraya que la orden ministerial para elaborar la auditoría se dictó el 27 de febrero de 2024, apenas seis días después de la detención de Koldo García el 21 de febrero. El documento fue elaborado sin respaldo normativo vigente, ya que el Real Decreto que atribuía competencia de auditoría al órgano ejecutor no entró en vigor hasta el 12 de marzo.

Las investigaciones sobre las compras de material sanitario durante la pandemia han generado una intensa polémica política. El informe cuestionado ha sido utilizado como base probatoria en procedimientos judiciales y ha alimentado comparecencias parlamentarias sobre la gestión de la crisis sanitaria.

Koldo Garía había desempeñado funciones de asesoramiento en el Ministerio de Transportes durante los primeros meses de la pandemia, periodo en el que se adoptaron medidas excepcionales para la adquisición de mascarillas. Su defensa, que ejerce Leticia de la Hoz, considera que el informe ministerial busca crear una narrativa incriminatoria artificial.

Evidencias adicionales

La querella incorpora grabaciones de audio publicadas por La Razón en mayo de 2025, donde se escucha: «Ella utiliza la inspección y luego hace el informe y pone lo que le da la gana y le da igual, se lo inventa». Estas grabaciones, según el querellante, evidencian una práctica sistemática de manipulación documental. La defensa busca demostrar que el documento carece de rigor técnico y persigue una finalidad extrajurídica.

La doble querella de Koldo y Ábalos representa un nuevo capítulo en la confrontación judicial derivada del caso. Los tribunales deberán dilucidar si el informe ministerial constituye un documento técnico objetivo o si, como alegan los investigados, es un instrumento procurado para su incriminación mediante prácticas que bordean la prevaricación administrativa.