La Audiencia de Las Palmas condena a Podemos por purgar a una portavoz crítica sin escuchar su versión

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a Podemos por expulsar del partido a una portavoz local por su decisión de entrar en un Gobierno municipal sin el visto bueno de la dirección del partido. Tal como desvela OKDIARIO, un tribunal de tres magistrados ha declarado «la nulidad absoluta del acuerdo de expulsión adoptado en 2019 por la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos». Condenan al partido morado a pagar las costas judiciales causadas. Fue purgada sin opción a ser escuchada. No pudo presentar alegaciones y eso vulnera, a ojos de los magistrados, la Ley del Derecho de Asociación.

En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana en 2021 desestimó inicialmente la demanda de la portavoz Beatriz Mejías, líder de Podemos en Santa Lucía de Tirajana –un municipio canario de más de 72.000 habitantes–. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial estima su recurso y revoca esa resolución judicial dejándola sin efecto. En su lugar, anula la purga ejecutada por el tribunal interno de Podemos. En este punto, sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo si existiera interés casacional.

En 2019, Podemos Canarias anunció la expulsión de Beatriz Mejías por querer entrar en el Gobierno local de Santa Lucía de Tirajana «a toda costa», contraviniendo la decisión de la asamblea ciudadana local de quedarse en la oposición. Podemos, que siempre que ha podido ha asumido cargos públicos, en este caso frenó a su candidata. Apostaban por permitir al PSOE asumir el bastón de mando pero quedándose fuera del Ejecutivo local.

«Entrar en el Gobierno era la mejor manera de dar estabilidad y trabajar por el municipio. Tras plantear su posición en el Círculo y en la Ejecutiva regional, me han apartado del partido», explicó la edil. El objetivo, argumentó, era cumplir la pretensión mayoritaria del Pleno de retirar a Nueva Canaria de la Alcaldía tras 40 años en el poder. No obstante, a última hora el PSOE retiró su candidatura para no incomodar a NC, de los que dependía en el Gobierno autonómico. A la postre un partido local, Fortaleza, se hizo con el bastón de mando.

Podemos atacó a su concejal por «manifestar públicamente su voluntad de separarse de la organización y no acatar la decisión de dar únicamente la investidura al PSOE, pero sin entrar en el Gobierno municipal». En ese momento, el liderazgo de Podemos Canarias lo ostentaba Noemí Santana, actualmente una de las cinco diputadas nacionales de Podemos que han roto el pacto con Sumar y se ha marchado al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

La edil pedía la nulidad de la expulsión porque vulnera un derecho fundamental, el de asociación. Beatriz Mejías, aunque encabezó la lista de Podemos en las elecciones de 2019, no estuvo jamás afiliada a Podemos al no haber efectuado el proceso de verificación que exigen los estatutos. Tras las elecciones fue proclamada edil, dio su voto al candidato del partido Fortaleza y fue nombrada teniente de alcalde.

Se quedó su trabajo por la purga

En septiembre de 2019 solicitó telemáticamente su baja en el partido como «inscrita» antes de completar la «verificación». Sin embargo, en diciembre, sin permitirle intervención alguna, la Comisión de Garantías Democráticas Estatal elaboró una resolución de expulsión. Eso sirvió al Ayuntamiento para quitarle el cargo y el sueldo.

El Consistorio de Santa Lucía, tras recibir la resolución de Podemos, consideró, tras un informe del secretario general, que la expulsión de Podemos suponía como efecto tenerla como «concejala no adscrita». El Pleno acordó expulsarla del listado de cargos de la Corporación que realizan sus funciones en régimen de dedicación exclusiva parcial.

La afectada defendía que el acuerdo fue adoptado «irregularmente» por Podemos y afectó a su «esfera externa y administrativa» porque justificó la posterior decisión del Ayuntamiento. La Fiscalía optó por no presentar alegaciones en este caso.

Un proceso sin escuchar a la afectada

El procedimiento de la Comisión de Garantías finalizó sin haber tenido conocimiento de la baja tramitada por la edil. Si bien la resolución de expulsión no le era aplicable porque se encontraba fuera de la organización, la resolución es válida, dado que de reincorporarse a la militancia le sería de plena aplicación la sanción disciplinaria.

El fallo da la razón a la edil porque Podemos no ha aportado documentación para rebatir que el procedimiento seguido contra ella no respetó su derecho de audiencia y defensa. «La privación a la edil de información previa y de toda posibilidad de audiencia en el expediente determina la nulidad absoluta del procedimiento de expulsión, y por ende del acuerdo adoptado, al contrariar, además de los propios estatutos del partido, normas imperativas y, en especial, lo previsto en la Ley del Derecho de Asociación», zanjan los jueces de la Audiencia Provincial en su fallo contrario a los intereses de Podemos.