El juez requiere documentación al Ministerio de la podemita Yolanda Díaz sobre los trabajadores de Neurona

El juez Juan José Escalonilla, que ha imputado a Podemos, además de a su tesorero, gerente y al secretario de Comunicación del partido, Juanma del Olmo, por la presunta ‘caja B’, ha ordenado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que remita la información que obre en su poder sobre los empleados de la consultora Neurona.

En las diligencias recogidas en el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez ordena que se remita oficio al SEPE «a los efectos de que informe sobre los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social por la mercantil Neurona Comunidad S.L».

El juez redactó el auto tras la declaración del abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, por su denuncia por presunta malversación y adminitración desleal en la formación de Pablo Iglesias. Calvente señaló en esa denuncia que parte del dinero se habría canalizado a través de contratos con la consultora Neurona, que trabajó para el partido en las elecciones del 28-A, y que está vinculada con Juan Carlos Monedero.

Juan Carlos Monedero

La investigación pone las miras en el ideólogo de Podemos. Entre las diligencias, el juez Escalonilla pide que «se remita mandamiento por duplicado al Registro Mercantil Central a los efectos de que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración» se encuentre el dirigente podemita.

Por el momento, el juez ha imputado a parte de la cúpula, además de al partido como persona jurídica. Pero en el auto requiere abundante documentación sobre los pagos o movimientos en las cuentas relacionadas con Neurona, estrechando así el cerco sobre la contratación de Podemos con la consultora.

Calvente explicó en su escrito ante la Guardia Civil que Monedero «habría actuado como intermediario en las contrataciones ilícitas de Podemos a la empresa Neurona, obteniendo algún beneficio personal por ello». El abogado obtuvo esta información a través de las entrevistas internas realizadas cuando estaba investigando irregularidades en el seno del partido.

El que fuera coordinador del equipo jurídico de Podemos averiguó, tras una ardua investigación interna, que el fundador e ideólogo de la formación morada «era el responsable de buscar empresas y gobiernos extranjeros con los que contratar a través de la empresa mexicana Neurona Consulting, obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servían tanto para su propio beneficio personal –a través de comisiones de intermediación cobradas directa e indirectamente– como para financiar a otros partidos extranjeros y, posiblemente, a Podemos, a través de microcréditos».

Asimismo, el juez acuerda tomar declaración como investigado a Elías Castejón Hernández, administrador de Neurona Comunidad S.L. a la fecha de los hechos, y solicita que se remita documentación bancaria de la sociedad en la fecha de la contratación con Podemos. También se requiere tomar declaración a Eduardo López Hernández, quien aparece en el contrato de Neurona Comunidad S.L. como persona de contacto del prestador de servicios.

Trabajos de la consultora

Podemos, por su parte, deberá aportar la documentación acreditativa de los trabajos llevados a cabo por la consultora, relacionados con la campaña electoral del 28-A. El juez también pide al Tribunal de Cuentas que remita las resoluciones en relación con los pagos realizados el año pasado por parte de Podemos a Neurona, además de la documentación presentada al organismo fiscalizador por el partido.

Cabe recordar que la pasada semana el Tribunal de Cuentas ya reveló irregularidades en el contrato de Podemos con la consultora.

El organismo señala que «de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas».

Además llama además la atención sobre el hecho de que «como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron vídeos y diseños publicitarios» pero «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor».