El juez procesa por espionaje a 7 cargos de la productora del ‘Sálvame’ que Sánchez quiere para TVE

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decidido procesar a siete personas, incluidos directivos y trabajadores del programa Sálvame, por su implicación en una presunta trama de compraventa de información policial confidencial que se prolongó durante casi una década. La investigación, iniciada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha revelado que un agente traficaba sistemáticamente datos reservados de «al menos 182» famosos. Se trata de la misma productora que Pedro Sánchez y su delfín José Pablo López quiere para programar la parrilla de las tardes de TVE.

Los imputados son Gustavo González (el paparazzi), Ángel Jesús Fernández Hita (el policía), María Pascual García (María Lapiedra), David Valldeperas (director de Sálvame), Isaac Pulido, Miguel Menaut, Victoria Laseca, y La Fábrica de la Tele de los que el juez encuentra «razones suficientes para para continuar el proceso».

Según el auto judicial que adelanta OKDIARIO, un policía nacional, destinado en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, accedió ilegalmente entre 2009 y 2018 a información confidencial de al menos 182 personas de relevancia pública o mediática. El agente compartía estos datos, que incluían antecedentes policiales, domicilios y otros detalles privados, principalmente con el colaborador televisivo y fotógrafo Gustavo González.

La investigación ha documentado que González actuaba como intermediario entre el policía y el programa, recibiendo por sus servicios entre 4.000 y 18.000 euros mensuales por sus colaboraciones en Sálvame, además de ingresos adicionales por vender parte de esta información a revistas del Grupo Z. El colaborador almacenaba los documentos policiales tanto en formato digital como en papel en su domicilio.

Entre los afectados por estas filtraciones se encuentran numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo y la televisión, como Isabel Pantoja, Belén Esteban, Aída Nizar, Omar Montes y decenas de personajes públicos más. La información filtrada incluía datos especialmente sensibles, como denuncias por violencia de género o abusos sexuales, e incluso información sobre menores de edad relacionados con los casos. Otros denunciantes son el cantante Francisco, Kiko Rivera, Irene Rosales, Javier Sánchez, Jordi Martín, Coto Matamoros, José María Gil Silgado, Maite Zaldivar, Alba Carrillo y su madre, Miguel Ángel Flores o, entre otros, Tito Pajares.

El auto judicial de este 12 de febrero procesa también a varios responsables del programa, incluyendo a un director de Sálvame, y a trabajadores de Fabricantes, quienes presuntamente solicitaban activamente estos datos confidenciales para su uso en el programa. Las conversaciones intervenidas revelan que los directivos tenían conocimiento del origen ilícito de la información y daban instrucciones específicas sobre qué datos necesitaban de determinados personajes.

Los delitos que se imputan a los procesados incluyen descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra la administración pública y cohecho. En el caso del policía, se le acusa además de prevalerse de su cargo para acceder a las bases de datos policiales sin autorización. La productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo ha sido imputada como persona jurídica, y la cadena figura como responsable civil subsidiario.

La investigación comenzó en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos detectó que en el programa Sálvame se difundía información procedente de atestados policiales. Las pesquisas posteriores, que incluyeron auditorías de las bases de datos policiales y seguimiento de comunicaciones, permitieron documentar cómo el agente policial accedía regularmente a información confidencial que acababa siendo utilizada en el programa de televisión. Ahora, ocho años después, los famosos afectados están más cerca de lograr justicia.

El juez ha decidido continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado contra los nueve principales investigados, mientras que ha decretado el sobreseimiento para otros ocho investigados al no encontrar indicios suficientes de su participación consciente en la trama. Ahora las partes tienen un plazo para confirmar su petición de acusación o para, en el caso de las defensas, pedir el archivo del caso.

Las diligencias revelan un patrón sistemático de intercambio de información a través de WhatsApp y reuniones presenciales. El policía y Gustavo González mantenían contacto semanal, y el colaborador invitaba las comidas. En una ocasión, según consta en el sumario, el agente llegó a solicitar «currar con ellos» y pidió que «le echaran una mano», evidenciando la estrecha relación entre ambos.

La trama investigada afectó especialmente a personas involucradas en procesos judiciales o situaciones comprometidas. Por ejemplo, cuando el programa planeaba entrevistar a la cuñada de Ana María Aldón –ex pareja del torero José Ortega Cano–, los responsables del programa solicitaron verificar si tenía antecedentes por drogas y su situación respecto a una supuesta libertad condicional. De manera similar, cuando el cantante Omar Montes iba a aparecer en el programa, se solicitaron sus antecedentes policiales, que fueron posteriormente mencionados en directo, aunque sin mostrar la documentación física.

El caso también expone la existencia de una cadena de mando en la solicitud de información confidencial. Los directores del programa, a través de diferentes trabajadores, pedían datos específicos sobre invitados o personas que serían mencionadas en futuras emisiones. Una trabajadora de la productora actuaba frecuentemente como intermediaria, solicitando a Gustavo González la verificación de antecedentes de diversos personajes, siempre indicando que «se lo piden», en referencia a sus superiores.

Uno de los aspectos más graves del caso es la revelación de que se accedió a información sensible relacionada con violencia de género y menores de edad. El auto judicial destaca que no sólo se buscaban datos de personajes famosos, sino también de testigos y otras personas relacionadas con los casos, incluyendo información sobre denuncias por abuso sexual o violencia contra la mujer, vulnerando la protección que la ley otorga a este tipo de información.

El entramado llegó a extenderse más allá del programa Sálvame. Gustavo González aprovechó su acceso privilegiado a la información policial para vender contenidos a las revistas Cuore y Rumore del Grupo Z, que según el auto judicial desconocían el origen ilícito de la información. Por estas colaboraciones, González llegó a facturar 5.100 euros adicionales a través de Zoom Ediciones SLU, sumados a los importantes ingresos que ya percibía por su trabajo en el programa de televisión.

La Fábrica de la Tele, constituida en 2007, facturaba al año unos 30 millones de euros y, entre 2008 y 2018, llegó a acumular unos beneficios que superaban los 50 millones. Tras el estallido del escándalo fue perdiendo peso en la cadena hasta ser cerrada. Otros programas que producían fueron asumidos por otras productoras. Ahora su nombre se lo ha quedado Mediaset mientras que ellos la han rebautizado como Fabricantes.