El juez pide a Moncloa su plantilla laboral para conocer el cargo real de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido al Palacio de la Moncloa que facilite la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de su personal con el objetivo de esclarecer el cargo real de una asesora vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La solicitud, que partió de Hazte Oír, forma parte de una investigación en curso que busca determinar si el puesto de esta asesora llamada Cristina Álvarez se corresponde con las labores que realmente realiza como secretaria y asistente personal de la principal imputada del caso. Esta empleada de Moncloa tendrá que declarar como testigo el viernes que viene, 20 de diciembre. Se trata de la colaboradora de Begoña Gómez que, a pesar de estar a sueldo de Presidencia del Gobierno, se dedicaba a conseguir fondos privados para los negocios de la esposa de Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO indican que el requerimiento incluye una petición explícita para que Moncloa detalle la categoría profesional del cargo en cuestión. Se espera que esta documentación sea clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si existen irregularidades en la designación o en el desempeño de las funciones de la asesora. Cristina Álvarez aparece en la RPT como directora de Programas pero, como ha desvelado este periódico, desde el comienzo de la primera legislatura de Pedro Sánchez ejerce de secretaria personal de Begoña Gómez en eventos de todo tipo.

Por otra parte, Peinado también se dirige a la Universidad Complutense de Madrid y, en concreto a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para solicitar todos los expedientes impulsados por Begoña Gómez desde su cátedra extraordinaria para registrar cualquier documentación. El instructor quiere saber si realizó algún movimiento para poner a nombre de la UCM el software que pagó con dinero de la universidad y con aportaciones supuestamente altruistas de grandes tecnológicas.

También en su resolución, el juez se dirige al ex vicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio a fin de que aporte la documentación relativa al caso que citó en su declaración como testigo cuando acudió al Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla.

Escrito de Begoña Gómez

Por su parte, esta semana, la defensa de Begoña Gómez advirtió al juez Juan Carlos Peinado de que los datos bancarios proporcionados por el Punto Neutro Judicial, que mostraban un saldo total de 40,25 euros en varias cuentas, contenían errores significativos. Asimismo, instó al magistrado a garantizar la confidencialidad de su información personal para evitar que sea accesible a terceros, incluida la prensa. Se trataría de un error de un banco que no dio toda la información completa, ya que no aparece ni siquiera las aportaciones que recibía la esposa de Sánchez de la universidad.

El abogado y ex ministro del Interior Antonio Camacho argumentó que «el contenido de dicha información es completamente incorrecto». Precisa que las cuentas identificadas no correspondían totalmente con las de Begoña Gómez, ya que algunas ya no estaban a su nombre, y subrayó que los saldos reflejados tampoco eran precisos. «Es totalmente falso que dichas cuentas estén casi todas a saldo cero», destaca Camacho.

El listado remitido por el Punto Neutro Judicial incluía 11 cuentas bancarias asociadas a Begoña Gómez: cinco como titular, dos como autorizada y cuatro como representante. De estas, sólo dos mostraban algún saldo: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros, mientras que las demás aparecían con saldo cero. La información abarcaba un análisis desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2024, aunque el propio Punto Neutro Judicial señaló que los datos eran incompletos.

Por otra parte, la defensa denuncia que la inclusión de esta información en el procedimiento judicial violó los principios fundamentales de protección de datos, ya que se añadieron números de cuentas que efectivamente pertenecen a Gómez, sin anonimizar dicha información.

Camacho destaca que, aunque el acceso a las pruebas durante un proceso judicial está restringido a jueces, fuerzas de seguridad y partes implicadas, en la práctica podría llegar a manos de terceros no autorizados. En ese sentido, subraya que el juez instructor tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los investigados y evitar que se vulneren libertades fundamentales.

Alega que la numeración de las cuentas bancarias no era relevante para la investigación y pedía al juez que anonimizara todos los datos no esenciales del procedimiento. Esto, indica, sería una medida para proteger derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y evitar que información sensible de Gómez se filtre a terceros o a la prensa.