El TSJC da 10 días a la Generalitat para que vacune “sin excusa” a policías y guardias civiles

Un juez insta al Departamento de Salud de la Generalitat a que, “sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación contra el coronavirus de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña”. Los policías y guardias civiles en Cataluña ahora sí serán vacunados.

El fallo explica que en un plazo de 10 días la vacunación de los policías y los guardias civiles debe alcanzar la misma proporción que los vacunados en el cuerpo de los Mossos d`Esquadra. En la actualidad la policía catalana tiene vacunados a más del 77% de sus miembros mientras policías y guardias civiles apenas alcanzan el 7%.

Uno de los principales argumentos del TSJ para adoptar estas medidas urgentes que, de no hacerlo, se produciría un “peligro de mora procesal, en la medida en que el bien a proteger (la salud y la vida de los agentes concernidos) puede verse perjudicado de forma irreparable o difícilmente reparable de no accederse a la medida cautelar”.

Por su parte, la defensa de la Generalitat, lejos de reconocer la discriminación manifiesta contra policías y guardias civiles, presentó un total de siete argumentos contra la denuncia de las asociaciones profesionales. Uno de esos argumentos remite a un informe que según el gobierno catalán desmonta la acusación de discriminación a la hora de vacunar.

Es muy curioso porque precisamente en ese informe, en el aportado por la defensa de la Generalitat, es donde el juez ha encontrado más argumentos para demostrar que sí ha habido discriminación en la vacunación, pero es que además ésta es mucho mayor de la que hasta ahora se había reconocido.

El 77% de los Mossos están vacunados

El informe explica que el 24 de marzo pasado, hace más de un mes, la Generalitat había vacunado ya al 77% de los Mossos d´Esquadra, al 68,9% de las policías locales de toda Cataluña y al 77,9 de la Guardia Urbana, la policía municipal de Barcelona. Frente a eso, el citado informe cifraba en el 3,6% los policías nacionales vacunados y el 2,8% los guardias civiles. Con estas cifras el juez se despacha con los responsables catalanes de la vacunación en términos muy contundentes.

“No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población”. El TSJ desliza lo que se temían muchos agentes de policía y guardia civil: no vacunarlos era poner su vida en riesgo.

En la sentencia el juzgado no solamente enumera los motivos legales para llevar a cabo la medida cautelar y los argumentos para desmontar la defensa del gobierno catalán, también aprovecha para manifestar su incomprensión ante esta situación sanitaria: “En todo caso, no parece razonable que, a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Cataluña”.

Al juez no le ha bastado con ordenar la vacunación inmediata de los agentes, sino que ha exigido a la Generalitat en su fallo que dos días después de que expire las 10 jornadas que les otorga para actualizar la vacunación le hagan llegar un informe con los resultados de esta campaña exprés ordenada por el juez.

Para cumplir con los plazos de las medidas cautelares el departamento de Salud catalán deberá vacunar a casi 5.500 agentes en los próximos 10 días, aun ritmo de más de 500 policías y guardias civiles al día.

Los agentes destinados en Cataluña han recibido la noticia con lógica alegría al ver que lo que llevaban meses demandando al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo y a sus respectivos superiores jerárquicos policiales, ha sido resuelto en apenas dos semanas por un juez.

De hecho, muchos son los agentes que ahora recuerdan que se cumple una semana del anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el que de forma oficial asumía la vacunación de los policías y guardias civiles en Cataluña.

La ministra fue breve, pero eso sí, concisa: “Una comunidad autónoma no ha tenido la respuesta establecida en la estrategia de vacunación acordada por todos los que formamos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Me refiero a los miembros de las FCSE en Cataluña, que no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas. Por eso el gobierno de España ha tomado la decisión de vacunar nosotros a los miembros de las FCSE en Cataluña”.

Pues siete días más tarde no ha habido novedad sobre aquel anuncio, que hoy ya es papel mojado con esta sentencia en vigor.