El juez José de la Mata ha lamentado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado –en nombre del Gobierno– hayan esgrimido el mismo criterio para exonerar a la empresa pública Defex de un delito fiscal en la causa en la que se investiga el desvío de 41 millones de euros en comisiones ilícitas de los contratos con el gobierno de Angola.
El magistrado de la Audiencia Nacional critica que la interpretación que han al respecto ambas instituciones en sus escritos de acusación conduce a la «impunidad penal».
De la Mata cuela este reproche en el auto de apertura de juicio oral a 24 personas físicas y a tres personas jurídicas, Defex y otras dos empresas -Comercial Cueto 92 y Global Reach-, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola obtenido por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto en junio de 2008.
El juicio se seguirá contra esos 27 procesados por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado finalmente no han formulado acusación por delito fiscal contra Defex pese a admitir dos defraudaciones fiscales respecto al Impuesto de Sociedades de 3.337.567 euros (ejercicio 2008) y de 2.706.710 euros (ejercicio 2009), destaca el auto.
De ello se derivarían mayores bases imponibles que tendrían que haberse declarado respecto a este impuesto por importe de 11.125.226 euros en el ejercicio de 2008 y 9.022.368 en el de 2009, es decir, cifras muy superiores a los 120.000 que determinan la relevancia penal.
A pesar de esta «rotunda evidencia -observa el juez- ni el Fiscal ni el Abogado del Estado formulan acusación» por lo que el magistrado lamenta que sin acusación por ese delito, no es posible abrir juicio oral por estas reprochables conductas, por una interpretación que el instructor hace constar que no puede admitir y más aún cuando se trata de una empresa de mayoría de capital público.
De la Mata critica como la Abogacía del Estado dedica «paradójicamente» buena parte de su escrito de acusación a defender a Defex y «argumenta que, por razones de consolidación fiscal, Defex SA no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, por serlo la entidad dominante SEPI e integrarse sus bases imponibles en la base imponible de SEPI».
Este criterio crea, en opinión del magistrado, una situación de impunidad para Defex, creando «un paraíso penal, una situación de absoluta impunidad: barra libre para las prácticas defraudatorias fiscales de los administradores de la sociedad mercantil».
Eso lleva a que no haya responsabilidad penal «pese a que consciente y voluntariamente, han ejecutado, siempre en apariencia, toda clase de maniobras defraudatorias en el ámbito tributario para alterar las bases imponibles correspondientes a la mercantil».
Para de la Mata, es «aún más reprochable» si se tiene en cuenta, además, que el efecto deseado y directo de las maniobras investigadas fue derivar las cantidades presuntamente defraudadas a la comisión de delitos, «o a los propios bolsillos de los administradores».
Todo ello «sin perjuicio de que con posterioridad, por aplicación de determinadas normas aplicables a los grupos que consolidan sus cuentas a efectos fiscales, SEPI debiera o no realizar pagos tributarios».
En el auto de apertura de juicio oral, el juez establece fianzas que superan los 400 millones de euros para los principales procesados como los expresidentes de Defex José Ignacio Encinas y de Comercial Cueto 92 Juan Carlos Cueto.
También se sentarán en el banquillo los exdirectivos Manuel Iglesias-Sarriá o Iciar de Iraola Lachiondo, así como Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos «papeles de Laos» del caso Roldán) y los representantes legales de las sociedades Defex y Comercial Cueto 92, para las que se han establecido fianzas de 315 millones y de 62 millones de euros, respectivamente.
La Fiscalía, que ya presentó escrito de acusación, pide penas de 50 años de cárcel para los principales procesados como Encinas o Paesa y de 32 años para Juan Carlos Cueto.
En el caso Defex se investigan en distintas piezas contratos de suministro militar en Arabia Saudí, Egipto, Brasil y Camerún.
