El juez culpa a la Generalitat de no haber impedido los espionajes a políticos y particulares

El juez culpa a la Generalitat de no haber impedido los espionajes a políticos y ciudadanos. El Juzgado número 13 de Barcelona ha reaccionado así tras el intento de un organismo de la Generalitat de obtener información de la causa abierta por el golpe separatista del 1-O. El organismo en cuestión ha sido la Autoridad Catalana de Protección de Datos, un órgano que, evidentemente, debió preocuparse y evitar los espionajes masivos a ciudadanos, políticos y periodistas realizados desde el Cesicat -el CNI catalán- y unidades de los Mossos -como la UCRO-.

El juez no ha dudado en rechazar la petición de datos procedentes de las diligencias del caso. Unos datos que hacían referencia, además, a un asunto especialmente delicado: los informes de la Guardia Civil sobre bases de datos elaboradas en base a seguimientos “realizados a personas, empresarios y altos de cargos de la Generalitat”. El juez lo ha rechazado ante la sospecha de que el único objetivo del intento de acceder a esos documentos fuese el de obtener información sobre la evolución del juicio y de los datos descubiertos hasta ese momento y poder reaccionar.

Pero, además, el Juzgado ha respondido recordando al organismo que estuvo bajo mando directo de la Administración catalana que “resulta sorprendente que un organismo dependiente de la Generalitat” se preocupe ahora y quiera estar en el caso para obtener “una información relativa a actividades y utilización de datos realizadas por otros departamentos de la propia Comunidad”, porque “de haberlo conocido o intuido”, aclara el juez, “debería de haber presentado denuncia o querella por tratarse de hechos presuntamente delictivos”. La respuesta del juez no tendrá consecuencias jurídicas, por lo menos, por el momento. Pero el sentir del responsable de la Instrucción en el Juzgado de Barcelona ante el comportamiento de la Generalitat y de este organismo ha quedado claro.

Y es que el juez en estos momentos es ya consciente, por la información recabada, que una parte de los Mossos y el Cesicat se habían convertido en una plataforma de espionaje puro, tal y como demuestran los seguimientos a policías, guardias civiles, Sociedad Civil, políticos del PP o Ciudadanos y muchas otras entidades o medios que, según, los separatistas, desafiaban el avance del golpe del 1-O.

La información detectada ya sobre los UCRO, una de las unidades de los Mossos centrada en ese espionaje, lo avala. Y también la referente al segundo de los organismos citados, el Cesicat, un CNI catalán o servicio de inteligencia de la Generalitat que se convirtió en una auténtica policía secreta para tumbar webs incómodas, hacer listados de personas favorables al golpe o contrarias, interceptar teléfonos, entrar en mails privados, etc. Todo, con tal de favorecer el golpe separatista del 1-O, según las “evidencias e indicios” en manos de la Guardia Civil.

Entre los “indicios” detectados por la Benemérita se encuentran infinidad de prácticas ilegales que habría desarrollado este organismo. Entre esas prácticas se encuentran la “censura: actividades de censura, solicitando la eliminación de páginas web de contenido no delictivo sin que, a priori, supusieran ninguna amenaza para la seguridad de los usuarios de la red, ni relacionadas con las actividades propias ni las tareas encomendadas normativamente al CESICAT”. También la “interceptación de correos electrónicos”, la introducción de“aplicaciones de control en teléfonos móviles sin conocimiento de los usuarios”, o el “acceso a bases de datos ajenas […] sin contar, presuntamente, con permiso para ello”. Prácticas todas ellas que las fuentes relacionadas con la investigación no dudan en calificar extraoficialmente de “puramente de espionaje”. Y “centrado, aparentemente, en fines políticos y de defensa del separatismo”.

La Guardia Civil, de hecho cree que algunos de los problemas que han tenido páginas web o asociaciones contrarias al nacionalismo puede haber venido de este organismo y su poder para eliminar determinadas webs.

Otra de las funciones que la Benemérita teme que se centralizaba desde este CNI separatista es la “creación de bases de datos ilegales: creación y desarrollo de bases de datos conteniendo datos personales no sujetas a regulación ni control”.

Y, todo ello, según la Guardia Civil, llevándolo a cabo “en ejecución de un plan sistemático [para conseguir la independencia y crear un Estado propio] y soslayando manifiestamente la legislación vigente, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía”. Un plan que, tanto “la Generalitat como la Asamblea Legislativa de Cataluña”, han “diseñado y puesto en marcha de forma progresiva” con “todo un catálogo de estructuras de Estado no amparadas en por el ordenamiento jurídico (entre las que se encuentra como pieza fundamental el Cesicat, que de facto actúa ya como Agencia Nacional de Seguridad de un Estado), con la finalidad de disponer de un aparato administrativo propio que garantice su funcionamiento como Estado independiente”.