Una juez admite a trámite una querella contra la directora de la Guardia Civil por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por un ciudadano de Madrid contra la directora de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González Fernández, y otros tres altos cargos de la Delegación. La querella, presentada por delitos de prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, tiene su origen en una sanción de 600 euros que le fue impuesta en 2022 por la supuesta convocatoria de una manifestación y que posteriormente fue anulada por los tribunales.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño ha dictado un auto fechado el 7 de marzo de 2025 en el que considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de los delitos mencionados.

Junto a la periodista de formación Mercedes González Fernández, también han sido señalados como querellados José Antonio Crespo López, segundo instructor del expediente sancionador; Pablo Izquierdo Ranea, secretario general de la Delegación del Gobierno; y María Elena Bernardo Llorente, quien firmó la resolución sancionadora definitiva.

Sentencia favorable previa

El caso tiene su origen en una manifestación celebrada el 18 de septiembre de 2021 en Madrid, entre la Plaza de Chueca y la Puerta del Sol. La marcha contra la Agenda 2030, comunicada formalmente por otro ciudadano, generó controversia por los cánticos homófobos proferidos por algunos asistentes.

La manifestación no se organizó con un carácter explícitamente homófobo. Se comunicó oficialmente con el lema «Di no a las Agendas 2030 y 2050», contra las políticas gubernamentales de Pedro Sánchez.

Las consignas homófobas las profirió un grupo minoritario de asistentes que, según el denunciante, reaccionaron ante provocaciones e incluso agresiones (lanzamiento de objetos y líquidos) por parte de contramanifestantes. Estas consignas violaban las propias normas de la organización, que prohibían responder a provocaciones.

La Delegación del Gobierno abrió un expediente sancionador contra el hoy denunciante, a quien consideró coorganizador del acto. El 5 de agosto de 2022 le impuso una multa de 600 euros, la máxima permitida para infracciones leves, por «incumplir lo preceptuado en cinco artículos de la Ley reguladora del derecho de reunión».

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid estimó en diciembre de 2025 el recurso presentado por el hoy denunciante. La sentencia de 2025 anuló completamente la sanción al apreciar «irregularidades procedimentales, causantes de indefensión».

Sanción irregular

El tribunal contencioso-administrativo ha sido especialmente contundente al analizar el procedimiento seguido por la Delegación del Gobierno. En su fallo considera probado que el hoy denunciante no firmó la comunicación de la manifestación, que fue enviada únicamente por el otro ciudadano desde su cuenta de correo personal.

La sentencia subraya que «en el Expediente Administrativo no existe ninguna respuesta de la Delegación del Gobierno dirigida» al hoy denunciante. Sólo se notificó la autorización de la marcha al verdadero convocante en su domicilio personal. Sin embargo, la multa, presumiblemente por motivos políticos, también le llegó al hoy denunciante. Su única relación era haber organizado manifestaciones vecinales previas por otros temas.

El magistrado critica además que el instructor del expediente solicitara un informe a la Brigada Provincial de Información que «pocos datos de interés podía arrojar para el esclarecimiento de los hechos». Según la resolución judicial, quien debía haber dado explicaciones era «aquel funcionario o negociado de la Delegación del Gobierno en Madrid que dio curso a la comunicación».

Anuncio anticipado de sanción

La querella presentada ahora va más allá y acusa a Mercedes González Fernández de haber anunciado públicamente la imposición de sanciones antes incluso de recibir el informe policial sobre los hechos. Según el escrito, la ex delegada y ex líder del PSOE en Madrid capital compareció ante los medios el 20 de septiembre de 2021 «pidiendo perdón al colectivo LGTBI» y anunciando multas.

El querellante sostiene que Mercedes González llegó a especificar en sus comparecencias públicas que las sanciones serían «de las máximas que permite la ley», anticipando los 600 euros que finalmente se impusieron.

Filtración de datos

Otro de los elementos centrales de la querella es la filtración de datos del expediente sancionador a diversos medios de comunicación. El querellante asegura que el mismo 22 de septiembre de 2021, día de la incoación del expediente, varios periódicos publicaron su nombre completo y datos personales.

«Esto ha supuesto un tormento indescriptible en mi vida: he tenido que dar explicaciones en mi trabajo, he perdido a mis seres queridos, he recibido amenazas en mi teléfono móvil», relata en su escrito. También afirma haber perdido clientes y oportunidades laborales por este motivo.

La juez ha acordado oficiar a los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno para que informen sobre los motivos y resolución del expediente.

Entre las irregularidades denunciadas figura el cambio inexplicado del instructor del expediente. Joaquín Pavía Cardell fue inicialmente designado para tramitar el caso, pero fue apartado sin motivación aparente mediante una resolución que, según el querellante, ni siquiera le fue notificada por la vía habitual.

En su lugar fue nombrado José Antonio Crespo López, uno de los ahora querellados, quien propuso la sanción máxima «sin motivación razonada y siguiendo las instrucciones políticas de la Sra. Delegada del Gobierno», según consta en la denuncia penal.

Esta resolución de cambio de instructor fue la única del procedimiento que no se remitió a la sede electrónica del afectado, pese a que todas las demás notificaciones sí utilizaron esta vía.

La parte querellante ha solicitado que se tome declaración como testigos al primer instructor apartado del caso y al propio Ayala de Cantalicio, quien efectivamente comunicó la manifestación. También ha pedido que comparezcan los miembros del gabinete de prensa de la Delegación entre el 18 y 21 de septiembre de 2021.

El procedimiento se encuentra ahora en fase de instrucción. Mercedes González Fernández cesó como delegada del Gobierno en Madrid en diciembre de 2023, siendo sustituida por Francisco Martín Aguirre. Ahora, la Justicia deberá determinar si su actuación administrativa constituyó un delito o si, por el contrario, se trató de errores procedimentales sin relevancia penal.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de Madrid que, por el momento, declina expresamente hacer comentarios sobre el caso.