Un juez abre una investigación a la guerrilla de Podemos por sus amenazas al magistrado del ‘caso Dina’

Nuevo frente judicial contra Podemos. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias de investigación sobre la «guerrilla» del partido de Pablo Iglesias que acosó al magistrado del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón. Según ha podido saber OKDIARIO, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ya ha terminado su informe sobre estos mensajes intimidatorios y en Plaza Castilla se ha abierto una nueva causa que implica al partido morado.

Según consta en un oficio de la Dirección General de la Policía Nacional al que ha tenido acceso este periódico, «se han tramitado diligencias policiales dirigidas a la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid dando cuenta de posibles acciones delictivas contra don Manuel García-Castellón, encontrándose la causa, según la información disponible, en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid».

Ahora, el juez titular de ese juzgado, Esteban Vega, tendrá que analizar de forma pormenorizada el informe para decidir si continúa con la investigación. Se trata de un magistrado al que no le ha temblado la mano en varios casos que aparecen en la hemeroteca. Ha llamado a declarar como imputada por homicidio a la directora de una residencia de ancianos por no derivar a un usuario que falleció al hospital en la primera ola de la pandemia o ha procesado a un sujeto que criticó a una inmobiliaria en un foro de Internet por injurias graves por supuestos comentarios denigratorios.

Destapado por Calvente

Las amenazas de la «guerrilla» a sueldo de Podemos fueron destapadas por el ex abogado morado José Manuel Calvente, que rompió a llorar ante García-Castellón cuando mencionó los mensajes que él y su familia recibía: «Tengo miedo porque en Podemos hay mucho loco, una kale borroka a la que cualquier día se le va la mano», señaló en referencia al movimiento que lidera Julián Macías. Posteriormente, estos ciberguerrilleros la tomaron con el propio juez y éste las denunció a principios del pasado octubre al citado cuerpo policial. Estos duros mensajes también fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron entonces fuentes policiales, la investigación fue asumida por la unidad que rastrea delitos en redes sociales, un grupo de trabajo enclavado en la Comisaría General de Información, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez. Cabe recordar que, además, en marzo de 2019, sufrió un misterioso allanamiento de morada en su vivienda.

El magistrado describía una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Se trataba de una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación en redes y en algunos medios de comunicación, y que le situaron «en una situación de indefensión y de descrédito profesional».

Cuatro páginas

El juez acosado envió una carta de cuatro páginas al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con varias muestras de esa campaña pública iniciada contra su persona desde que se conoció su escrito contrario a los intereses de Iglesias. En ese documento, que la Fiscalía del Alto Tribunal está ya estudiando, sometía a consideración la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo –ambos aforados–, y de otras cuatro personas.

En particular, García-Castellón pedía investigarlos por los delitos de revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa y/o simulación del delito. Todo ello en el marco de la investigación sobre el supuesto robo del móvil de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo.

Intimidación

García-Castellón detalló que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».

El juez sostiene que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación». En esta línea, afea que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, «señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».

Echenique y Asens

Por ejemplo, Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso lanzó: «El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra  Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta». Igualmente, el diputado Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario morado en la Cámara Baja esgrimió: «La Audiencia Nacional obliga al juez García Castellón a devolverle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Y, entonces ¿qué hace él? Se va al Supremo a plantear su imputación sin consultar ni con la Fiscalía, que es quien debe acusar. Olé, con un par…».

«A este cabrón hay que cocerlo y ya está. Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien», se escribió en las redes sociales

Al mismo tiempo, en redes sociales plataformas afines a Podemos como La Última Hora o Spanish Revolution difundían vídeos atacándole. Le acusaban de ser «un juez a medida para la derecha» que «ha abierto una guerra judicial contra Podemos». Además, se pudo leer desde cuentas anónimas: “Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este cabrón hay que cocerlo y ya está”, “García Castellón, eres un facha y un cabrón”, «Este hijo de puta que no lo piense porque está sobornado por el cabrón de Pablo Casado y su cúpula de babosos. Que asco de gente en este poder judicial hay”, o, entre otros muchos tuits, «Creo que el juez mafioso García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. No puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos».

Inédito en 42 años

El magistrado sostiene que estas amenazas «podrían revestir carácter de infracción penal» y manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.

Recuerda, en este sentido, que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».