Crisis del coronavirus

Jueces y magistrados contra la «mano de obra barata» de los jueces en prácticas para desatascar la Justicia

La propuesta de que los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica entren a reforzar juzgados y tribunales para aliviar la carga de trabajo acumulada tras el parón de la actividad por la crisis del coronavirus, no ha gustado a magistrados y fiscales.

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Que los jueces en prácticas asuman parte de las causas judiciales que amenazan con colapsar los tribunales, una vez superada la crisis sanitaria del Covid-19. La propuesta planteada por la Directora General para el Servicio Público de la Justicia del Ministerio de Justicia, Concepción López-Yuste Padial, no convence a los miembros de la Carrera Judicial. Jueces y magistrados consideran que la «mano de obra barata» que busca el Ministerio de Justicia con la medida pondrá en riesgo la independencia de los futuros jueces, aún en proceso de formación, y reducirá las garantías procesales para los ciudadanos.

Los portavoces de las siete entidades asociaciones de jueces y fiscales han rechazado dicha posibilidad en un comunicado conjunto emitido al término del encuentro semanal: «Mostramos nuestro rechazo a que los jueces y juezas en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo, por vulnerar claramente la independencia judicial».

«Los jueces en prácticas están todavía en la Escuela en período de aprendizaje, siendo evaluados y dependen de los informes del presidente del Tribunal Superior de Justicia» de la Comunidad Autónoma donde hayan sido destinados, apunta Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI). Por lo tanto, «ni han completado su formación para resolver y poner sentencias ni son autónomos», añade. Algo que «compromete e invade, claramente, la esencia misma de la función jurisdiccional», concluye Rodríguez.

“Nos oponemos, ahora y en cualquier otro momento, a que los jueces en prácticas sean utilizados como mano de obra para reforzar la Administración de Justicia porque es contrario a la independencia que debe tener todo juez para dictar resoluciones», advierte en la misma línea Jorge Fernández Vaquero, portavoz Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Fernández Vaquero denuncia, además, que a los «afectados se les quita parte de su formación para ponerlos directamente a trabajar en un juzgado aún bajo supervisión». Es decir, «no se dan las condiciones para que estos jueces actúen con plenitud de facultades como cualquier otro juez de carrera» que sí está totalmente cualificado para decidir sobre materias que, en muchos casos -por ejemplo, las específicas derivadas del coronavirus- «serán muy complejas», señala.

Atenta contra principios básicos

La propuesta de López-Yuste choca con la postura mantenida históricamente por el PSOE en esta cuestión. Ya en 2018 los socialistas criticaron la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que introdujo en la Escuela Judicial período de «sustitución y refuerzo». Un tramo formativo durante el que los jueces en prácticas vienen desempeñando funciones plenas e idénticas a las de los titulares de los órganos judiciales.

Para los miembros de la Comisión de Justicia del PSOE, esto era tanto como reconocer que dichos jueces en prácticas «tienen capacidad para ejercer antes de haber sido nombrados», en perjuicio directo del «principio de exclusividad».

«Atenta contra el principio básico de la independencia judicial, pues las resoluciones judiciales y la actuación del Juez o Jueza en el ejercicio de su función jurisdiccional no pueden ser en ningún caso valoradas por un superior gubernativo» -como sucede en este caso donde el presidente de cada TSJ supervisa la actividad de los alumnos de la Escuela Jurídica- aseguraban hace unos meses los socialistas.

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