Los jueces de Madrid exigen a Bolaños que respete a Peinado y deje de atacarle por procesar a Begoña Gómez

Los jueces instructores del Tribunal de Instancia de Madrid han cerrado filas en torno al magistrado Juan Carlos Peinado tras las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien afirmó que el juez había «avergonzado a muchos ciudadanos» y también «a muchos jueces y magistrados» después de que este decidiera procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro delitos. La respuesta del estamento judicial ha sido tan rápida como unánime.

La respuesta más llamativa ha llegado este mismo miércoles, con una declaración institucional firmada por los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, reunidos en junta.

El texto, consultado por OKDIARIO, de una franqueza poco habitual en el parco lenguaje jurídico, expresa el apoyo colectivo al «magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid, don Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial».

Los firmantes, que encabeza la decana Chus del Barco, rechazan «las descalificaciones» procedentes de «quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños», a quien acusan de tratar de «socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces». La declaración concluye con una apelación a la igualdad ante la ley: «La ley es igual para todos, sin privilegios».

Las asociaciones judiciales

Este martes la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la primera en número de asociados de toda España, calificó de «inadmisible» que «un miembro del Gobierno» reaccionara a una decisión judicial con ese tipo de descalificaciones públicas. En un comunicado difundido, la APM ha subrayado que «en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos».

La APM ha recordado, además, que esos cauces «existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción». El mensaje al Ejecutivo ha sido nítido: los jueces no necesitan que «el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos», sino «respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno».

La asociación ha aprovechado también para reclamar al Ministerio de Justicia que «concentrara sus esfuerzos en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia» y, en particular, en «las graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los tribunales de instancia», en lugar de hacer «valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación».

Independencia judicial

La segunda asociación en número de asociados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), había reaccionado ya el lunes con un tono igualmente severo. En su comunicado, expresó su «profunda preocupación» por el «descrédito» que, a su juicio, suponen para el Poder Judicial las palabras del ministro, y las calificó directamente de «ataque directo» a la independencia judicial y a la separación de poderes.

La AJFV ha exigido «responsabilidad institucional» a los poderes públicos y, «en especial de quienes integran el Gobierno», para que contribuyan «al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza». Ha advertido también de que «cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división».

La asociación ha mostrado además su «decepción» por que se utilizara el acto de presentación de las becas SERÉ —una ayuda económica para quienes se preparan las oposiciones de acceso al Poder Judicial— como tribuna para lanzar esas críticas, «restando valor a la importancia de este tipo de ayudas que muchos opositores necesitan para el acceso a la carrera judicial y fiscal».

El Foro Judicial Independiente (FJI) ha completado este martes el trío de voces críticas. Su vicepresidente, Alejandro Vega, ha calificado las palabras de Bolaños de «impropias de un ministro de Justicia» y ha apelado a la «prudencia a los responsables políticos en la valoración de las actuaciones judiciales, puesto que es algo que influye en la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia». La asociación ha advertido que «este tipo de declaraciones erosionan la confianza de los ciudadanos en la Justicia y son gravemente irresponsables».

El caso Begoña Gómez se inició en la primavera de 2024, cuando la asociación HazteOir interpuso una denuncia por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Tras meses de diligencias e innumerables polémicas sobre la gestión procesal del juez Peinado, el magistrado ha dado ahora el paso de formalizar el procesamiento de la investigada, una decisión recurrible que no implica condena alguna, pero que ha desencadenado la crisis más aguda entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en lo que va de legislatura.

Cuando la toga habla con una sola voz, conviene escuchar con atención. La unanimidad con que jueces de distintas asociaciones ha respondido a Bolaños es, en sí misma, un veredicto difícil de apelar.