Irregularidades en el Banco de España: ascensos ilegales y alquileres por instalaciones que no usan

El Tribunal de Cuentas ha destapado una serie de irregularidades administrativas en la Imprenta de Billetes (IMBISA), empresa participada mayoritariamente por el Banco de España. El informe, aprobado esta semana, revela deficiencias significativas en la gestión económica y de recursos humanos que comprometen la transparencia y eficiencia de la entidad pública.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, las prácticas irregulares más llamativas se concentran en los ascensos de personal directivo. El manual interno de IMBISA establece límites claros para las promociones salariales, que fueron sistemáticamente vulnerados por varios altos cargos de la empresa. Los directivos recibieron incrementos que duplicaban los máximos permitidos, justificándolos como reconocimiento a nuevas responsabilidades y desempeños extraordinarios.

El informe destaca que «se han identificado supuestos de promociones de directivos en los que no se han cumplido las normas internas recogidas en el Manual». Concretamente, «en uno de los casos incluidos en la muestra, consta la promoción de un directivo en el año 2023, en la que tuvo lugar una subida de dos bandas salariales, superando, por tanto, el límite establecido en el Manual de política retributiva de directivos». En otros casos se producen subidas por encima de los límites.

Otra irregularidad destacada concierne al pago de alquileres por instalaciones completamente desocupadas. Tras abandonar físicamente las instalaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en septiembre de 2023, IMBISA continuó abonando un canon mensual de 134.143 euros hasta finales de año. El incumplimiento de un plazo de preaviso de seis meses derivó en un desembolso injustificado de 402.429 euros por espacios completamente vacíos.

La construcción de la nueva fábrica de billetes también evidenció graves deficiencias de gestión. El proyecto acumuló un retraso de casi una década respecto a la decisión inicial del Banco Central Europeo (BCE), con una desviación de cinco años sobre la fecha originalmente prevista. El coste final ascendió a 174,69 millones de euros, superando en 6,37 millones el presupuesto inicial con incrementos desproporcionados en partidas como construcción y seguridad.

El análisis del Tribunal de Cuentas revela además otros problemas significativos en la gestión de IMBISA. El Plan de Igualdad presentaba un cumplimiento parcial, con apenas 10 de 27 medidas en proceso y siete sin iniciar. Las modificaciones contractuales carecían con frecuencia de justificación suficiente, y se detectaron múltiples deficiencias en los procesos de contratación.

La empresa ha respondido al informe manifestando su compromiso de corregir estas deficiencias. En sus alegaciones, IMBISA argumenta que muchas situaciones tienen explicaciones técnicas y niega cualquier intencionalidad de mala gestión. «Obedeció a una falta de coordinación en la atribución de la tarea del responsable del envío de dicha información, pero de la misma no puede inferirse ningún ánimo de ocultación o falta de transparencia», refieren.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha sido contundente al recomendar una revisión profunda de los procesos internos, especialmente en materia de recursos humanos, contratación y transparencia.

Las cuentas anuales de IMBISA de los ejercicios 2015 a 2019 no fueron rendidas en el plazo legal al Tribunal de Cuentas. Como señala el informe, «no obstante, las cuentas de los primeros ejercicios, 2015 a 2019, no fueron rendidas en el plazo legal al Tribunal de Cuentas». Posteriormente, el 27 de noviembre de 2020, la sociedad rindió al Tribunal las cuentas anuales de esos cinco ejercicios.

La necesidad de ajuste por importes tan significativos pone de manifiesto que, «durante cada uno de los ejercicios, el precio al que IMBISA cobraba la producción de billetes era superior a su coste, lo que generaba un beneficio que se tenía que transferir al Banco de España mediante un procedimiento».

Del examen de una muestra de contratos no menores relacionados con la construcción de la nueva fábrica, se han puesto de manifiesto deficiencias graves. El documento señala que «la aceptación por IMBISA de la oferta resultó contraria a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público».

«De haberse comprobado por IMBISA la inviabilidad de dar cumplimiento a las cláusulas cuestionadas, debería haber procedido a la oportuna modificación de los pliegos, con retroacción de las actuaciones». Además, se detectaron «modificaciones del contrato no suficientemente soportadas o superiores a los límites legales».

El análisis de la formación de personal ha evidenciado múltiples incumplimientos. El informe destaca que «no ha habido reuniones en cinco de los doce trimestres de los años 2021 a 2023». Además, «no se realizan pruebas de evaluación a los participantes de los cursos impartidos por los formadores, llevándose a cabo tan sólo una encuesta de satisfacción».

Este informe apunta a la necesidad de una supervisión más rigurosa en las empresas públicas como IMBISA. El documento del Tribunal de Cuentas abre la puerta a la depuración de responsabilidades y la adopción de medidas correctoras serán fundamentales para restaurar la credibilidad de esta entidad dependiente del Banco de España, cuya misión es la producción de billetes de euro.