Montero sobre la función de sus 9 asesores: «No puede ser especificada porque se trata de asesoramiento»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se niega a revelar qué funciones desarrollan sus 9 asesores, nombrados todos ‘a dedo’. En una respuesta por escrito en el Congreso, a preguntas de Vox, el Ministerio zanja la cuestión con evasivas: «Las funciones no pueden ser especificadas, pues se trata de funciones de asesoramiento en diversas materias propias del departamento».

El gabinete de la ministra de Igualdad está formado por su directora y cinco asesoras eventuales. Además, en el caso de la Secretaría de Estado de Igualdad, cuenta igualmente con una directora y tres asesoras. El Ministerio defiende que «no se ha aumentado el número de asesores» en esta legislatura, ya que «únicamente se ha adaptado la estructura a la del Ministerio, ya que con anterioridad la titularidad de las competencias en materia de igualdad las tenía una estructura con rango de Secretaría de Estado».

Así, el Ministerio dispone de 9 asesores, que reciben un salario bruto de 51.946 euros, a excepción de la directora de Gabinete de la Secretaria de Estado, quien recibe un salario anual bruto de 60.881 euros. Por tanto, el total es de 476.449 euros.

En su pregunta, Vox destacaba que «el Ministerio de Igualdad cuenta con un elevado número de asesores y altos cargos, mujeres en su mayoría, que consumen un importante presupuesto del Ministerio y cuyos nombres, datos identificativos o currículum vitae no aparecen publicados».

«Aunque se nos ha manifestado por parte del Gobierno que «esa información se ha facilitado a los medios vía el Portal de Transparencia», podemos comprobar cómo, aunque sí se facilitan algunos nombres, no están todos y mucho menos la trayectoria profesional de cada uno de ellos», denunciaba el partido de Santiago Abascal.

Por ello, solicitaron información al Gobierno sobre el nombre, trayectoria profesional y función de cada uno de los asesores de Irene Montero. En su respuesta, sin embargo, no se responde a ninguna de esas cuestiones y se limita a afirmar que «el personal eventual realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial» y que su «nombramiento y cese son libres».

«Por ello, este tipo de personal no es objeto de baremo o valoración académica o profesional, al ser su nombramiento libre para el desempeño de una función de confianza o asesoramiento», añade.

508.682 euros en altos cargos

El Ministerio responde a otras cuestiones planteadas por Vox, como el salario de todos los altos cargos del Ministerio.

Así, según la información aportada, todos ganan más que la ministra Irene Montero. La secretaria de Estado para la Igualdad y la Violencia de Género, Noelia Vera, recibe 69.664 euros anuales; el subsecretario de Estado de Igualdad, Pedro Guillén, 78.308 euros; el secretario general técnico, 67.430 euros; la directora de gabinete de la ministra, Amanda Meyer, 61.918 euros; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, 61.524 euros; la directora para la Igualdad de Trato y la diversidad étnico-racial, Rita Bosaho, 58.296 euros y la directora de diversidad sexual y derechos LGTBI, Boti García, 57.813 euros.

Montero se resiste a facilitar información sobre sus asesores, pese a las reiteradas preguntas a través del propio Congreso de los Diputados.

En una de esas preguntas, registradas por el PP, se requería la identidad y los sueldos de este personal eventual. Sin embargo, el departamento de Montero respondía también con evasivas. Sobre los sueldos, por ejemplo, decía: «El salario anual asignado puede consultarse en la RPT (relación de puestos de trabajo) del Ministerio publicadas en el portal de Transparencia de la Administración General del Estado».

La ministra Montero no reveló entonces las identidades ni los sueldos que percibían sus colaboradores y se limitó a decir que la retribución media de todos ellos era de 35.011 euros.

Entre las designaciones ‘a dedo’ de Montero están la de Amanda Meyer, jefa de gabinete de la ministra y ex secretaria general de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía; la de la ex diputada Ángela Rodríguez Pam, la doctora en violencia sexual Bárbara Tardón, la jurista María Naredo -autora de la Ley de Libertad Sexual-, la ex concejal de Gijón Alba González, la ex diputada Teresa Arévalo, la directora de comunicación, Clara Alonso, y el secretario general, Ignacio Sola.

También sigue siendo un misterio la posición de Rubén Juste, doctor en sociología, la de Lidia Rubio y Manel Ros, procedentes del gabinete de prensa de En Comú Podem, según informó Europa Press.

La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio se había dirigido en el mes de octubre al Gobierno a través de una pregunta por escrito registrada en el Congreso con el objeto de conocer la razón “por la que el Ministerio de Igualdad ha incrementado el número de asesores en esta Legislatura, así como así como suma del importe total de los sueldos de los asesores”.