El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha encargado una «evaluación» sobre las políticas feministas puestas en marcha en los colegios por el anterior Gobierno. El informe de auditoría, que cuenta con un presupuesto de 42.000 euros y «no deberá exceder de las 50 páginas», busca conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha en el pasado para aumentar la presencia de niñas en las ramas de formación de tipo científica.

El ministerio de Montero ha encargado el estudio a través de una licitación realizada por el Instituto de la Mujer (IMIO), una de las principales direcciones generales a su cargo. Al frente de éste se encuentra Beatriz Gimeno, la polémica activista vinculada al movimiento LGTB que defiende que «la heterosexualidad oprime a la mujer».

Esta licitación es, de momento, una de las pocas partidas de gasto a las que ha dado luz verde el Ministerio de Igualdad desde que Montero ha llegado al cargo. El objetivo del contrato es «la evaluación de las actuaciones desarrolladas por el IMIO en centros educativos y dirigidas a aumentar la presencia de niñas y jóvenes en las ramas de estudio científico tecnológicas».

El coste del contrato asciende a 42.492 euros. El adjudicatario deberá analizar el impacto real de algunos programas y políticas feministas impulsadas por el Gobierno en solitario de Pedro Sánchez. Como por ejemplo el ‘Programa ADA’ para la «iniciación a la tecnología en igualdad» o el ‘Programa DIANA’ para enseñar «programación informática creativa» a niñas de entre ocho y doce años en colegios de toda España.

Según la exposición de motivos que da origen al contrato del Ministerio de Igualdad, en España «continúan evidenciándose brechas relacionadas con la participación de las mujeres en los espacios de innovación y tecnología, ya sea como creadoras o como usuarias. Desde las brechas de género en materia de acceso y uso de las Tecnologías de la Información, pasando por la falta de presencia de mujeres en especialidades formativas de carácter técnico o científico».

El informe encargado por el Ministerio busca «valorar la idoneidad de la metodología utilizada» en el pasado, «valorar los resultados e impactos» y el «grado de cumplimiento de sus objetivos», planteando si los efectos de la intervención del Estado en las aulas han contribuido a alcanzar el objetivo de un mayor peso femenino en las ramas científicas de la educación.

Con todos los datos recabados, el adjudicatario del contrato se compromete realizar un informe final «que no exceda de 50 páginas». El equipo de trabajo previsto será de «al menos dos personas».