Montero exige una reforma fiscal «con perspectiva de género» en plena crisis por la invasión rusa

La reforma fiscal se convertirá en el próximo motivo de enfrentamiento entre PSOE y Podemos. El partido morado no renuncia a esa medida, una de sus banderas estrella, frente a las reticencias de los socialistas. Ahora, Irene Montero toma posiciones y exige que esa reforma tenga en cuenta la perspectiva de género. Así lo recoge en el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, una iniciativa del Ministerio de Igualdad que tendrá un coste de 20.319 millones de euros.

En concreto, entre la batería de medidas propuestas por Montero, figuran varias relativas a la fiscalidad. La ministra deja claro que hay que «avanzar en la implementación de una reforma fiscal progresiva» que sea «más justa» y que «introduzca criterios de género en la definición de la progresividad».

Esto, según Montero, se articularía en varias medidas, como «el asesoramiento para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las propuestas o iniciativas de tipo fiscal»; una «tasa morada», para que «los productos de higiene menstrual y los vinculados con los cuidados» sean tratados como «productos de primera necesidad»; la realización de un estudio «para diagnosticar las brechas de género que tiene el sistema fiscal en España»; la creación de un «laboratorio de ideas» con expertos en «enfoque de género en la fiscalidad» que aporte «medidas de cambio para avanzar hacia una fiscalidad más justa» y «la inclusión de la equidad de género en las propuestas normativas en materia tributaria». Montero también quiere indagar «en busca de sesgos implícitos» en los impuestos, «analizando el sistema tributario más allá del IRPF».

El PSOE en contra

La posición de Podemos con la fiscalidad molesta al PSOE, que ahora prefiere posponer esos planes ante la invasión rusa en Ucrania.

Hace unos días, el partido de Pedro Sánchez tumbó en el  Congreso las propuestas de reforma fiscal pactadas entre Podemos y otros socios de investidura, como Bildu y Más País. Entre ellas se incluía un nuevo impuesto a las grandes fortunas y recargos para grandes eléctricas y entidades financieras. El partido asegura que con su propuesta fiscal se podrían recaudar 29.800 millones de euros.

Podemos se ensaña especialmente contra las grandes fortunas, recuperando la propuesta de crear un nuevo impuesto para sustituir el actual tributo al Patrimonio, que se centraría en fortunas a partir de un millón de euros, con una exención por vivienda habitual de 400.000 euros y que no sería bonificable por las comunidades autónomas.

A esto se añade un recargo del 10% en el tipo del impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas por un periodo mínimo de cinco años, con posibilidad de prórroga, entre otras medidas.

En cuanto al IRPF, Podemos reivindica aumentar los tipos a partir de los 120.000 euros con nuevos tramos. También defiende eliminar la posibilidad de reducirse aportaciones a planes de pensiones privados de la base imponible a partir de los 60.000 euros.

En el plan se incluyen otros sablazos como un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, otro para los alimentos de mala calidad nutricional y un nuevo marco de fiscalidad «verde».

El pasado viernes, ante el Consejo Ciudadano de Podemos, el órgano de dirección del partido, la secretaria general, Ione Belarra, ya reclamó un «escudo social y verde» para afrontar la crisis del conflicto en Ucrania. Ese «escudo» incluye una reforma fiscal urgente.

«Toda aquella medida que sirva para aliviar la carga que sufren los ciudadanos será bien recibida. Pero no solamente es cuestión de subir o bajar impuestos, sino a quién. Es el momento de hacer esta reforma fiscal progresiva», avisó este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, sobre las rebajas fiscales acordadas este fin de semana por Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes. Podemos urge a Sánchez a aprobar una reforma fiscal «ambiciosa» y «urgente».

Por ahora, el Gobierno mantiene en pausa la propuesta para modificar la fiscalidad que se recoge en el informe de expertos encargado por el Ministerio de Hacienda, algo que genera discrepancias en el seno de la coalición.