Irene Montero acusa ahora a jueces y fiscales de preguntar a las mujeres agredidas si llevaban minifalda

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cargado este lunes contra los «operadores judiciales» (jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia) después de la polémica suscitada por unas acusaciones de machismo realizadas el pasado viernes que han indignado a sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil.

Lejos de pedir perdón o rectificar tales afirmaciones, como le han exigido PP y Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso, Montero ha ido más allá y ha responsabilizado a los «operadores judiciales» de que cuando una mujer víctima de un delito sexual acude a presentar una denuncia ante la Policía, se le pregunta «si iba vestida con minifalda».

En esta línea, Montero ha cargado este lunes en sede parlamentaria contra el Poder Judicial y ha llegado a decir que «la Justicia española tiene sesgos de género, tiene deficiencias serias a la hora de abordar muchos casos de violencias machistas. Hemos visto con contundencia en los medios de comunicación cómo operadores judiciales preguntan a una mujer si ha abierto mucho las piernas o si llevaba una minifalda», ha manifestado Montero, generalizando en este sentido.

«Los propios organismos internacionales nos dicen que es una carencia impropia de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, que es algo que dificulta la igualdad y que por tanto tenemos que ayudar a los operadores judiciales y también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a que tengan más herramientas», ha agregado.

Montero hizo las polémicas declaraciones del pasado viernes en una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, donde aseguró: «La situación que nos estamos encontrando es que cuando una mujer denuncia se le pregunta si iba vestida con una minifalda y que, a lo mejor, por eso iba provocando», afirmó.

En ese momento, la periodista le afeó sus palabras y le replicó que esto «ya no ocurre, eso ocurría tiempo atrás», a lo que la ministra de Igualdad respondió de nuevo: «Claro que ocurre y, por desgracia, en nuestro sistema judicial falta mucha perspectiva de género».

Ante ello, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a corregir a su compañera de gabinete Irene Montero por estas afirmaciones que cuestionan el trabajo de los cientos de agentes que a diario atienden a las mujeres víctimas de violencia sexual o de maltrato.

Por su parte, la portavoz del PP en esta comisión, Margarita Prohens, ha remarcado a Montero que sus declaraciones han sido desmentidas y denunciadas por sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil «ante el silencio del ministro Marlaska». «Usted acusa de machismo a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de ser una falsedad, está haciendo un flaco favor a las mujeres. ¿No se da cuenta de su posición privilegiada? No sé si es irresponsabilidad o inconsciencia. Le exigimos que retire esas acusaciones y pida perdón. Le pedimos que lance un mensaje claro a las mujeres que se acerque a una comisaría a denunciar. Porque no están solas», ha enfatizado Prohens.

En su turno, la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, ha pedido también Montero que corrija tales palabras y pida perdón. Así, la parlamentaria naranja ha señalado a la ministra que se trató de «una declaración realizada de manera generalizada, con cierta irresponsabilidad, que atenta contra el trabajo profesional que determinados cuerpos de seguridad hacen ante situaciones de violencia y agresión a las mujeres». «Si damos a entender que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no hacen su labor, flaco favor hace usted a las mujeres», ha subrayado Giménez.

Centros 24 horas

De otro lado, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la Comisión de Igualdad, la ministra avanzó que el martes 3 de marzo —cinco días antes de la manifestación del 8-M— llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.

Un texto cuya tramitación ha generado diferencias dentro del Gobierno entre PSOE y Podemos, ya que había socialistas partidarios de esperar a la próxima reforma amplia del Código Penal. Sin embargo, Podemos, que gestiona la cartera de Igualdad, venía apostando fuerte por tener aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros antes del 8-M y poder apuntarse el tanto.

Además, ha anunciado que esta ley contemplará la implantación de «una red de servicios de información y asistencia integral especializada en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad». Esta red incluirá centros de crisis 24 horas, «cuya implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas».