Inmigración

Interior refuerza las escuchas a inmigrantes por yihadismo y crimen organizado

Interior refuerza las escuchas a inmigrantes por yihadismo y crimen organizado
Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.

El Ministerio del Interior ha licitado la contratación del servicio de traducción de escuchas telefónicas a inmigrantes,  declarando además el procedimiento "de urgencia". El contrato - 'Traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas en soporte informático grabados en idiomas distintos al castellano en el marco de las actuaciones e investigaciones policiales'- tiene un valor estimado de 10.827.000 euros para los próximos dos años.

En la memoria justificativa, el Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que “la privilegiada situación geográfica del territorio español, así como las expectativas de bienestar que se dan en nuestro país, han motivado en los últimos años un incremento exponencial de personas extranjeras que llegan a él”. Un escenario, admite el Ejecutivo, “que ha provocado que la presencia de ciudadanos extranjeros haya sobrepasado las previsiones”.

“Aún reconociendo que la mayoría de estos ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país lo hacen con la intención de buscar un trabajo y establecerse legalmente en el territorio nacional, también llegan personas que forman parte de bandas organizadas de delincuencia, así como otras cuya entrada se produce de forma irregular, sin respetar la legislación vigente”, prosigue Interior.

A continuación, el Ejecutivo expone que “este incremento ha provocado que los servicios de traducción de escuchas telefónicas y transcripción de cintas prestados directamente por el personal laboral adscrito a la Dirección General de la Policía resulten insuficientes y por ello, sea necesario acudir a la contratación con empresas externas especializadas en el sector”.

El actual contrato -de 2015- finalizó el pasado 15 de noviembre de 2017. Con anterioridad a esa fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy inició la tramitación de un nuevo expediente, que sin embargo se declaró desierto en una resolución con fecha 6 de junio -tras la moción de censura- firmada por el Secretario de Estado de Seguridad.

Un contrato “imprescindible”

El Gobierno considera así “imprescindible” poner en marcha un nuevo expediente. Y ampara aún más esa urgencia revelando su preocupación por el terrorismo yihadista y el impacto del crimen organizado, que vincula directamente con los flujos migratorios.

“Los últimos atentados yihadistas acaecidos en varios países de la Unión Europea y en el resto del mundo, la mayor especialización de los grupos criminales trasnacionales relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas a gran escala ha hecho aconsejable separar el servicio destinado a la traducción de escuchas telefónicas y a la transcripción de las mismas del resto de los servicios que se venían prestando en los expedientes de contratación tramitados hasta el momento”, se sostiene en la memoria.

Según los datos de Interior, desde el cambio de Gobierno llegan un 152% más de inmigrantes ilegales

Si hasta ahora la contratación de estos servicios se hacía de forma conjunta y en varios lotes, el Ejecutivo socialista opta por fraccionarlo en dos: uno para interpretación y traducción (en trámite) y otro, al que se refiere el contrato mencionado, para escuchas y transcripción. Se trata de un contrato en lote único y para todo el territorio nacional “ya que las investigaciones policiales, ya comiencen a iniciativa propia o a requerimiento de la Autoridad Judicial, se llevan a cabo cada vez con más frecuencia en diversos ámbitos geográficos del territorio nacional”.

De esta forma se refuerza el servicio y se incrementa su importe. El último adjudicado, hace dos años, tenía un importe único de 11.601.743 euros.

Récord de irregulares

Como reveló OKDIARIO, la llegada de Sánchez a La Moncloa y algunas de sus decisiones, como la acogida de los irregulares del buque Aquarius, generó un notable ‘efecto llamada’. Según los datos de Interior, desde el cambio de Gobierno, llegan un 152% más de inmigrantes ilegales. En concreto, entre junio y diciembre del año pasado llegaron a España 51.487 irregulares, frente a los 20.401 en el mismo periodo de 2017.

Pese a su discurso oficial sobre la inmigración, el Ejecutivo admite que la llegada de inmigrantes a las costas españolas ha desbordado todas las previsiones y ha obligado a activar un plan especial para su acogida.

En una reciente respuesta por escrito en el Senado, el Ejecutivo habla de “situación de emergencia”“sobreocupación” y previsión de “grandes llegadas” y reconoce que, en este tiempo, han tenido que habilitarse centros de urgencia -los llamadosCentros de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED)- para atender estos flujos. En la actualidad, hay cinco centros en funcionamiento -Campano (Chiclana de la Frontera, Cádiz), Mérida (Badajoz), Armilla, Guadix (ambos en la provincia de Granada) y en San José de la Rinconada (Majaravique) en la provincia de Sevilla- y la previsión del Ejecutivo socialista es que en los próximos meses se abran dos más, en Almería y Málaga. Estos centros están gestionados por Cruz Roja y se financian, explica el Gobierno en su respuesta, a través de subvención directa.

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