Un informe alertó a PNV y PSE en noviembre de los “graves” riesgos del vertedero de Zaldibar que ha causado 2 muertos

El Gobierno vasco conformado por PNV y PSOE-PSE se encuentra atrapado en una de sus peores crisis a semanas de las elecciones vascas. Una crisis en la que ha negado la gravedad de los vertidos tóxicos tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar y en la que sigue sin encontrarse a las dos personas sepultadas por los restos de residuos. El Ejecutivo vasco intenta ocultar que durante 98 días escondió un informe de su propio Departamento de Medio Ambiente en el que alertaba con toda claridad de que la “Inspección Ambiental” de este vertedero se saldó con la calificación de “existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización”.

Esta terminología técnica se traduce en que el “grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada” se situaba en el nivel inferior. En el último de todos los posibles, con la calificación de “bajo”. Y, precisamente por ello, el propio informe señaló que las “materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección” afectaban a la “protección del agua”, a los “residuos”, a las “condiciones específicas de los vertederos” y, atención, a las propias “licencias y autorizaciones”. Porque sus irregularidades eran de tal magnitud que directamente podían llevar a la retirada de la licencia.

Entre las acciones a ejecutar por parte de los responsables del vertedero de Zaldibar a partir de ese informe figuraba el “requerimiento a la actividad, para que en el plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios”. Igualmente se alertaba de la posibilidad de tener que instar una “propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada”.

La inspección se llevó a cabo en el mes de junio y su resultado se puso en conocimiento de la empresa en septiembre, sin embargo, el informe –al que ha tenido acceso OKDIARIO– se selló definitivamente el 4 de noviembre de 2019. Es decir, que de haberse cursado de forma diligente antes de acabar el año 2019 deberían haberse puesto en marcha las medidas necesarias para haber evitado lo que acaba de ocurrir. Pero el informe en cuestión permaneció sin tramitar durante más de tres meses. El tiempo preciso para que, a día de hoy, no se haya corregido nada sino todo lo contrario, se haya ocasionado uno de los mayores desastres medioambientales –y además, con dos desaparecidos– que recuerda el País Vasco.

Gestión negligente

El informe de inspección ambiental demuestra la gestión negligente del Gobierno vasco formado por PNV y PSE. La fecha de la inspección del vertedero de Zaldibar que se llevó a cabo para elaborar este informe es la del 10 de junio de 2019. La fecha de emisión del informe, el 27 de agosto de 2019. Y la fecha de notificación a la empresa del vertedero se retrasó hasta el 16 de septiembre de 2019.

Es decir, que el Gobierno vasco visitó las instalaciones en junio, observó que el grado de cumplimiento de los estándares ambientales merecía la mínima calificación posible, incluyendo incumplimientos sobre el tipo de vertidos, y una posible retirada de la licencia por la gravedad de la situación, pero dejó transcurrir 98 días hasta comunicar a la empresa las medidas correctoras.

El testimonio de las familias afectadas ha revelado que incluso uno de los desaparecidos alertó del miedo que tenía por la posibilidad de que se produjera un derrumbe porque el terreno estaba en malas condiciones y había más residuos de los permitidos. El derrumbe se produjo el día 6 de febrero y el día 7 los sindicatos denunciaron que los operarios que participaban en las labores de búsqueda habían trabajado durante horas
sin saber que había residuos industriales y presencia de amianto.

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha acusado a la empresa de no comunicar al Gobierno vasco la presencia de amianto. Y ha justificado así que los ertzainas trabajasen en el derrumbe sin medidas de seguridad. Pero lo cierto es que el Ejecutivo regional, tal y como se ha desvelado posteriormente en testimonios, conocía que había amianto desde junio de 2019.

El propio consejero socialista de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Iñaki Arriola (PSOE-PSE), ha destacado en la comisión que los informes en poder del Gobierno vasco atestiguaban que el vertedero no presentaba ningún problema de estabilidad. Y ello, pese a la existencia del informe que hoy desvela este diario.

Ahora, como colofón, se presenta un informe de una ingeniería -Lurtek- sobre el vertedero de Zaldibar que acreditó en un estudio de estabilidad entregado el 21 de enero al Gobierno vasco que no había problema alguno de «estabilidad, existencia de grietas o fisuras en la instalación», según la versión del socialista Iñaki Arriola, hecha pública durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco junto al lehendakari Íñigo Urkullu y otros tres consejeros del Gobierno vasco. Pero, todo ello, sin explicar el informe previo que hoy publica OKDIARIO. A la vista está de cual de los dos informes era más acertado.