El impuesto de sociedades, primer obstáculo para la negociación PP-Ciudadanos

La reforma del Impuesto de Sociedades será la clave de la negociación presupuestaria que Partido Popular y Ciudadanos iniciarán en las próximas semanas, y que pondrá cifras definitivas al acuerdo suscrito entre ambas formaciones el pasado agosto. 

Abordar este impuesto, fundamental para la reforma fiscal que pretenden los de Rivera, y para los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca Bruselas, genera importantes debates en el seno del Gobierno, donde se entiende inadecuado añadir más presión fiscal a las empresas en un momento de creación de empleo y recuperación económica. En el momento actual, además, no se contemplan subidas de impuestos, como el mismo Rajoy insistió en su debate de investidura. 

Desde Ciudadanos se apremiará, en cambio, en la reforma de este impuesto, que se considera básica para afrontar la negociación presupuestaria por dos motivos: primero, porque hacerlo evitará recortes en partidas sociales, y segundo, porque la disposición del Ejecutivo en este asunto será sintomática, al fin y al cabo, de su voluntad para cumplir con el acuerdo de investidura. Aquel pacto comprometía expresamente a “reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más […] sin subir los tipos nominales de este impuesto”. 

Desde el partido de centro defienden la urgencia de acercar los tipos efectivos a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro, eliminar beneficios injustificados, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto.

Según sus cálculos, la supresión de las deducciones para las grandes empresas permitiría  aumentar la recaudación del tributo en 4.500 millones anuales. Lo suficiente, sostienen, para evitar recortes en partidas sociales. 

En Moncloa se admite que España tiene un problema con este tributo, que recauda a la baja –en agosto, alcanzaba los 5.300 millones, un 32% menos que en el ejercicio anterior– pero se considera también que el real decreto para el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades –revalidado hace unas semanas por el Pleno del Congreso con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos– es por el momento suficiente. Este modelo no supone en sí mismo ninguna subida de impuestos, como dejó claro el propio Gobierno. 

La intención de Montoro es que el tipo mínimo de los pagos fraccionados se mantenga al menos hasta que el déficit sea inferior al 3% del PIB, algo que se prevé para 2018, según los cálculos del Ejecutivo. Las cuentas del Gobierno estiman que la medida permitirá recaudar unos 8.000 millones más para que el Impuesto de Sociedades retome a los 20.000 millones de recaudación anuales de los últimos ejercicios. 

Techo de gasto

Otro de los asuntos que de entrada se presentan más espinosos es el relativo al techo de gasto. Ciudadanos ya ha dejado claro que exigirá al Gobierno que sea igual o superior al de 2016, para que se incluyan los 5.000 millones de euros que implicará financiar las primeras medidas sociales del acuerdo, entre ellas, el complemento salarial garantizado, un plan contra la pobreza infantil o la gratuidad de los libros de texto.

El techo de gasto aprobado para 2016 fue de 123.394 millones de euros, lo que supuso una bajada de 5.666 millones respecto a 2015 (un 4,4% menos).

El partido naranja se muestra «optimista» en que el Ejecutivo responderá a esos compromisos. Pero insisten en que se mantendrán vigilantes para que se apliquen las medidas que servirán, consideran, para pagar las reformas del acuerdo de investidura. Junto a la reforma del Impuesto de Sociedades, el partido de centro contempla además la recuperación del dinero de la amnistía fiscal y la mejora de la lucha contra el fraude, que podría reportar 1.000 millones a las arcas públicas según sus estimaciones, así como la eliminación de las duplicidades administrativas, que aportaría la misma cantidad.