Illa fue avisado a finales de febrero de la «alta propagación» del coronavirus entre los sanitarios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, conocía ya a finales de febrero -cuando el Gobierno negaba aún el riesgo de una epidemia- los elevados riesgos del coronavirus entre el personal sanitario. Los contagios de médicos y enfermeros, en primera línea en la lucha contra la pandemia, se han convertido en un problema de primer orden en los hospitales, ya colapsados. Según datos ofrecidos este martes por Sanidad, 5.400 sanitarios están infectados, un 14% del total. Aunque esa cifra aumenta conforme pasan las horas. Los profesionales atribuyen esa elevada tasa de contagio a la falta de equipos de protección individual (EPI).

Sin embargo, la situación era previsible. Y el propio Illa fue advertido. El 29 de febrero, cuando el coronavirus asomaba en nuestro país, con 32 casos confirmados, y la epidemia era una realidad -Italia sumaba 650 contagios y 17 muertos y en China el virus dejaba un panorama de 78.824 infectados y 2.788 fallecidos- el ministro Illa se hacía eco del aviso de la Organización Médica Colegial.

En un comunicado, los médicos avisaban con claridad de la agresividad del nuevo virus, especialmente en el colectivo. «El nuevo coronavirus ha mostrado una alta capacidad de propagación en los centros sanitarios de otros países y por tanto una afectación de profesionales sanitarios, que pueden actuar a su vez como transmisores de la enfermedad, por lo que procede proteger especialmente a los que tienen la tarea de cuidar de todos».

La advertencia era meridiana. Pero, pese a conocerla, Sanidad no se anticipó a una realidad que es hoy ya desoladora. La pandemia se ha cobrado la vida de varios sanitarios. La última, una médico de 59 años en Salamanca que llevaba más de una semana con síntomas de la enfermedad.

La organización médica era consciente, ya entonces, de la escasez de equipos de protección frente a la magnitud de una epidemia que en China se había cebado con el personal sanitario. «Es esencial utilizar los equipos del modo adecuado» y «no es éticamente admisible acaparar equipos y provocar carencias», avisaban. Asimismo, destacaban que cualquier sanitario que hubiese estado en contacto con un paciente en investigación o confirmado «deberá ser especialmente escrupuloso en la auto observación de los síntomas, solicitando en su caso atención».

Ya ese día, la Organización Médica Colegial desaconsejaba a los médicos la participación en congresos, reuniones y otras citas científicas «con gran afluencia». Sanidad, en cambio, tardaría aún en hacerse eco de la medida. Hasta el 3 de marzo, el Gobierno no aconsejó evitar esos eventos.

Sanidad asume que los altos contagios entre sanitarios tienen entre sus principales causas la dificultad del acceso a los equipos de protección. El portavoz, Fernando Simón, excusó que «se están produciendo problemas de acceso al mercado de forma global, no hay disponibilidad global fácil y se está en vías de solucionarlo».

Simón, no obstante, defendió que el acceso a los sistemas de protección «está resultando suficiente» a nivel general, y limitó las carencias a casos puntuales, pese a que las quejas son un clamor entre los profesionales.

Sanidad atribuye también el impacto a «dos o tres brotes» de coronavirus que se detectaron en hospitales al inicio de la epidemia y que tuvo «un impacto» en el número de profesionales afectados. También consideran que algunos profesionales «se han podido infectar en la comunidad», y no durante su labor en los centros.

Compra contra reloj

La falta de previsión ante una epidemia descontrolada ha obligado ahora al Gobierno a negociar contra reloj las adquisiciones de material de protección. Este miércoles, el ministro de Sanidad anunció el acuerdo entre el Gobierno español y China por 432 millones de euros para la compra de, además de respiradores y test rápidos, más de 550 millones de mascarillas y 11 millones de guantes, destinados a pacientes y sanitarios. Su suministro, explicó, será «escalonado» y comenzará a finales de esta semana. Adicionalmente, el Ejecutivo «está activando» la producción de este material en España, dijo Illa.