Illa declaró «solvente» a la trama para su contrato de 2.500 millones sólo con informes ‘fake’

Soluciones de Gestión, la empresa para la que intermediaba Koldo García, recibió el visto bueno del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, para optar a su megacontrato de 2.500 millones sólo por los avales que le habían firmado el Gobierno de Francina Armengol, el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior. Esos documentos, como publicó OKDIARIO, fueron expedidos justo en los mismos días en que la empresa concurría a la citada licitación. Finalmente, resultó adjudicataria de dos lotes de suministro de mascarillas a las comunidades autónomas.

Los criterios del Ministerio de Sanidad para acreditar la «solvencia» de las empresas participantes eran escuetos, según la documentación del contrato consultada por OKDIARIO. En lo relativo a la «solvencia técnica», uno de los requisitos clave, apenas se exigía a la empresa presentar la «relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados en los últimos tres años, incluyendo importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos».

Para ello, sería suficiente con aportar los «certificados expedidos o visados por el órgano competente» o, en el caso del sector privado, un certificado o «declaración del empresario».

En el caso de Soluciones de Gestión, como contó este periódico, presentó los certificados expedidos por Puertos del Estado y Adif -dependientes del Ministerio de Transportes-, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Servicio de Salud del Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol. Por entonces, ya se había detectado material defectuoso en las partidas de mascarillas suministradas por la trama ahora investigada, tanto en Transportes como en Baleares y Canarias.

«Ninguna incidencia»

En el caso balear, por ejemplo, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), dependiente del Ministerio de Trabajo, ya había advertido en junio de 2020 al Servicio de Salud de Baleares que «ninguna de las referencias» analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2».

El Ejecutivo de Armengol se planteó ya entonces solicitar la devolución del importe a la empresa -aunque no lo reclamaría hasta dos años después- pero el 12 de agosto acreditó a Soluciones de Gestión para que pudiese optar al súper contrato de Sanidad con un certificado en el que se aseguraba que había realizado «suministros de manera satisfactoria durante el año 2020», sin «ninguna incidencia».

No fue el único documento. También el Ministerio de Transportes -a través de Adif y Puertos del Estado- y de Interior emitieron sus certificados de solvencia a favor de los socios de Koldo, en ese caso, un día después, el 13 de agosto.

En uno de los documentos, el entonces secretario general de Puertos del Estado  -destituido la semana pasada-, Álvaro Sánchez Manzanares, acreditaba que Soluciones había ejecutado «la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas», detallando que el pedido había consistido en «mascarillas médicas antivirus a prueba de polvo K112 respirador FFP2», por un importe total de 20 millones, el de mayor cuantía.

También Adif avaló en similares términos a la empresa investigada, destacando ante Sanidad que había «iniciado el servicio indicado desde marzo hasta mayo de 2020, ejecutándolo con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe», es decir, el director general de gestión de personas. Por entonces, según revelan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), Soluciones de Gestión ya había emitido «una factura rectificativa» para la devolución de 19.000 euros debido a la importación de material defectuoso», una partida de mascarillas que no disponía de película filtrante.

Gracias a esos documentos, no obstante, los socios de Koldo García se convirtieron en una de las empresas adjudicatarias del gran contrato de Salvador Illa, accediendo a dos de los lotes de suministro de mascarillas FFP2 y FFP3, las de más alta protección y seguridad. 

La empresa «logra certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya ha suministrado material sanitario, logrando así postularse como proveedor de mascarillas en este acuerdo marco, lo que entre otros aspectos, quedaría justificada su elección por las entidades participantes», se recoge expresamente en uno de los informes elaborados por la Guardia Civil y que forman parte del sumario.

El contrato del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa tenía como objetivo que las comunidades autónomas pudiesen abastecerse de material sanitario -mascarillas, test, batas o guantes- de forma más ágil, pero la empresa para la que intermediaba Koldo no recibió finalmente ningún pedido.

El PP exige explicaciones

El Partido Popular ha exigido este lunes explicaciones a Salvador Illa sobre los criterios de adjudicación del contrato.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado en una rueda de prensa en la sede del partido que Illa «debe dar respuesta y explicaciones sobre la participación en el megacontrato que él impulsó y en el que participó de la empresa de la trama». «¿Quién se la recomendó?, ¿por qué la incluyeron?», se ha preguntado Gamarra. La dirigente popular se ha cuestionado también por qué Sanidad «no fiscalizó a esa empresa», de la que ya se sabía que había suministrado material fraudulento, «y cómo es posible que una empresa que no tenía actividad en ese ámbito pudiese participar de un contrato de esas características».