Igualdad utiliza el varapalo del CGPJ a la ley Montero para animar a manifestarse el 8M
La directora del Instituto de las Mujeres replica al informe del CGPJ con una imagen del 8M de 2020 y el lema 'Sólo sí es sí'
El CGPJ dice que la Ley del 'sólo sí es sí’ de Irene Montero vulnera la presunción de inocencia
El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero no ha tardado lo más mínimo en utilizar el varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la conocida como Ley del ‘sólo sí es sí’, que pone en cuestión la presunción de inocencia, para alentar una respuesta en las calles el próximo 8M pese a la situación de pandemia por coronavirus.
La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, ha difundido rápido en su perfil de Twitter una imagen suya junto a la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García, con dos camisetas con el lema ‘Sólo sí es sí’ en la manifestación del 8 de marzo del año pasado, cuya celebración generó una fuerte polémica y ocasionó una investigación judicial por producirse cuando el virus se encontraba ya desbocado en la Comunidad de Madrid.
En aquella marcha feminista del 8M, ambas compartieron pancarta con la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, que anunció días después que era positivo de coronavirus. Pese a encontrarse España en estado de alarma y Madrid todavía en riesgo extremo, desde la formación de Pablo Iglesias están alentando concentraciones tanto en la capital como en otros municipios de la Comunidad. Además, la delegación del Gobierno en Madrid, que dirige el socialista José Manuel Franco, ha dicho que se autorizarán todas aquellas que no rebasen las 500 personas. Mientras, según las restricciones del Gobierno regional, en esta comunidad más de cuatro personas no pueden compartir mesa en un restaurante, y fuera, no se pueden sentar seis en una terraza.
Entretanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, declaró este miércoles que «no ha lugar» a manifestaciones multitudinarias el próximo 8M por la pandemia de coronavirus e hizo un llamamiento a la responsabilidad. Sin embargo, desde Podemos, su portavoz parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, ha desoído esta recomendación de Darias y ha animado a salir a la calle a las feministas afines el 8M con el argumento de que «estos días estamos viendo muchas manifestaciones de todo tipo, como, por ejemplo, de los hosteleros».
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado a la resolución por unanimidad del Pleno del CGPJ desafiando a los jueces con un mensaje en su perfil de Twitter donde señala que este proyecto «será ley». Cabe recordar que el informe del órgano de gobierno de los jueces no tiene carácter vinculante, sino consultivo, pero la afirmación de la dirigente morada avanza que la norma vería la luz sin el consenso necesario y con los jueces, encargados de aplicarla, en contra de la literalidad de su contenido.
El Consejo General del Poder Judicial critica los principales aspectos más destacados del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. En concreto, los magistrados no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción. De hecho, la consideran «innecesaria» porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente «ya se asienta sobre la idea de consentimiento», aunque no incluya una definición del concepto, según informó Ep.
«Problemática probatoria»
Además, cree que el consentimiento plantea una «problemática probatoria» (cuándo existe o no consentimiento), y que las eventuales dificultades procesales para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico. A juicio de los vocales del Pleno del CGPJ, la definición desplaza la carga probatoria, configurando un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad.
Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dependiente de la cartera de Montero, ha calificado de «regresivo» el informe del CGPJ, sosteniendo que ahora «la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul, la legislación internacional y no desatenderla» porque, según ha dicho la juez en excedencia, «parece que el CGPJ es el único órgano que no promueve este cumplimiento».
En declaraciones a los medios, Rosell ha cuestionado que el CGPJ «no está de acuerdo con hacer pivotar sobre el consentimiento la regulación de los delitos sexuales». Preguntada por si van a volver a pedir otro informe al órgano de gobierno de los jueces, Rosell ha señalado que no existe esta posibilidad, y ha afirmado que un escrito de estas características no puede tener «algo de meta jurídico o incluso de ideológico».
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