Iceta asume 45 de las 46 peticiones del independentismo a Rajoy y propone anular sentencias del TC

El candidato del PSC, Miquel Iceta, quiere utilizar el listado de 46 exigencias que el presidente cesado, Carles Puigdemont, presentó a Mariano Rajoy en su encuentro en La Moncloa, en abril de 2016, como base en una futura relación con el Gobierno central.

Así figura en el programa para el 21 de diciembre, en el que Iceta asume como propias las reclamaciones del independentismo y apuesta explícitamente por «promover el diálogo y el acuerdo para abordar el listado de reivindicaciones que el Gobierno catalán presentó al Gobierno español en abril de 2016», eso sí, «a excepción de la demanda relativa al referéndum de secesión». 

Anulación de las sentencias del TC

El documento de Puigdemont se compone de un total de 46 puntos, en los que se acusa al Estado de «incumplimientos con Cataluña», «invasión de competencias» e «interferencias».

En el listado se incluyen muchas cuestiones polémicas, como la anulación de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre ciertas leyes y decretos catalanes, como el relativo a la pobreza energética, suspendido en abril de 2016 al considerar que invadía competencias estatales.

El documento propone además recuperar los impuestos propios también derogados por el TC, como la carga sobre los depósitos en las entidades de crédito, sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear o el euro por receta.

«En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat de Catalunya contra la Administración General del Estado por vulneración de las competencias autonómicas», reprochaban los independentistas, en el apartado ‘conflictividad institucional’.

«Respeto al modelo de escuela catalana»

En el punto 18, la candidatura de Miquel Iceta pide específicamente «respeto al modelo de escuela catalana» y se consideraba que existe un «claro consenso» para mantener el  modelo lingüístico.

Además, Miquel Iceta y el PSC exigen la anulación del decreto del Gobierno que obliga a las comunidades autónomas a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que lo soliciten puedan estudiar en castellano y puedan salir del modelo de inmersión lingüística. «La demanda de dicha escolarización, como se ha demostrado, es prácticamente inexistente», se lee en el documento. Los independentistas consideraban que «la interpretación que están haciendo los tribunales de justicia de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut y de la disposición adicional 38 de la LOMCE entra en abierta contradicción con el régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña, que garantiza el dominio de las dos lenguas al acabar la escolarización obligatoria».

Consejo de Justicia propio

En materia de Justicia, el plan de la Generalitat solicitaba la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, también suspendido por el Constitucional en la sentencia sobre el Estatut al considerarlo un «exceso» ya que el único órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).»Las únicas funciones que constitucionalmente puede ejercer son las de naturaleza administrativa», avisó el alto tribunal.

Los independentistas pretendían participar en el nombramiento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y de los presidentes de Sala del TSJC, proponer al CGPJ y expedir nombramientos y ceses de jueces incorporados a la carrera judicial temporalmente y tener competencias en materia disciplinaria y de inspección.

Para el TC, el intento de crear un órgano de gobierno de los jueces propiamente catalán y desconcentrado del español supondría  una infracción de los artículos 122.2 y 149.1.5 de la Constitución, donde se establece que el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y que la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado.

Además, en materia económica, se reprocha que «la distribución de los objetivos de déficit» es «desproporcionada e injusta» para Cataluña, se exige disponer de más recursos financieros para gestionar las competencias del Estado del Bienestar y se concluye que «el actual modelo de financiación es discriminatorio» para la comunidad. «Cataluña es el segundo territorio en capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos. La falta de financiación de la Generalitat de Cataluña provoca tensiones sobre los servicios a las personas y compromete la competitividad de la economía», protestaban los secesionistas.

El documento reclama más financiación para políticas sociales, la gestión y distribución de la recaudación del 0,7% de la declaración del IRPF, la devolución de las tasas judiciales, inversiones en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, la descentralización en la gestión de los aeropuertos y el traspaso «íntegro» a la Generalitat catalana de las líneas ferroviarias de Cataluña, los servicios de Rodalies. Aunque la gestión ya está descentralizada, Fomento mantiene la titularidad de la infraestructura.

Acción exterior de la Generalitat

El documento defiende también la acción exterior de la Generalitat, entonces recurrida al Constitucional por el Gobierno español. El TC  estimó después parcialmente el recurso contra la ley catalana y declaró inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que atribuyen a Cataluña competencias reservadas en exclusiva al Estado, entre ellos, los dirigidos a promover el establecimiento de relaciones «bilaterales» de Cataluña con otros países o los que configuran la llamada «diplomacia pública» de la Generalitat.

La «judicialización de la política»

Miquel Iceta sí excluye expresamente el punto 1 del documento, sobre la ‘relación entre Cataluña y España’, en el que los independentistas consideraban una «obligación de los demócratas» el «buscar las vías de negociación y diálogo»  que incluirían «como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante».

Pero ello no evita para que sí asuma otros puntos, igualmente polémicos, como el 46, en el que se critica específicamente la «judicialización» de la política.

«En los últimos años hemos asistido a la persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Catalunya de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes. En la pasada legislatura se han iniciado diversas investigaciones judiciales ante consistorios municipales por haber manifestado su apoyo a decisiones políticas adoptadas por el Parlament de Cataluña», esto es, en apoyo a la consulta ilegal del 9 de noviembre.

Miquel Iceta y el PSC asumen así buena parte de las reclamaciones del independentismo en su relación con el Gobierno central.

Bajo el epígrafe ‘Un acuerdo para la confianza y la reconciliación’ Iceta no duda en culpar a los recortes en el Estatut como «el punto de inflexión de un conflicto territorial y social que, casi diez años después, sigue sin resolverse», idéntico argumentario que los secesionistas.