Hacienda se ríe de Junqueras: la intervención de las cuentas impide el pago a los ‘observadores internacionales’

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto: EFE)

El bloqueo de las cuentas del Gobierno se extiende a unos 300 organismos pertenecientes o vinculados a la Generalitat. Desde el ejecutivo catalán lamentan que tengan que pedir permiso, incluso, para pagar las nóminas.

Desde Hacienda, por su parte, recuerdan que Diplocat (su estructura para promocionar el referéndum ilegal) está intervenida y no se explican cómo van a pagar a los "observadores internacionales", entre otras partidas, a las que ya se han comprometido. "Su principal estructura está intervenida, no sé cómo pagarán a aquellos con los que se han comprometido", contestan desde el ministerio.

El 8 de septiembre, la Generalitat recibió al primer grupo de "observadores internacionales" falsos. Esto significa que, lo que en el Govern llaman ‘observadores internacionales’ para vigilar el proceso de votación ilegal este domingo, no están reconocidos ni cumplen los estándares establecidos por la OSCE, la ONU ni la UE, entre otros. Estos organismos oficiales han dado la espalda al Govern sin reconocer ninguna legalidad al proceso.

Sin embargo, el presidente catalán Carles Puigdemont recibió al diplomático holandés Daan Everts como el jefe de esta "primera misión" junto a seis expertos: Charles Lasham (Reino Unido), Constance Kaplan (Estados Unidos), Cara Stern (Estados Unidos), Khalil Zerargui (Francia) y Tomasz Blasiak (Polonia). Las fuentes consultadas en la Generalitat sostienen que esta "primera misión" ha sido financiada por un think tank holandés (The Hague Centre for Strategic Studies) y comentan que "su único propósito es coger experiencia en observadores de procesos electorales y sumar datos a su centro".

El 14 de septiembre llegó a Barcelona la "segunda misión internacional de observadores electorales", como así les llaman en la Generalitat, liderada por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda durante cinco años. En la página web del gobierno catalán informaron que el consejero de Asuntos Exteriores del Govern, Raül Romeva, recibió a Catt y a cuatro expertos más: John Caradog (Reino Unido), Michael Grange (Irlanda) y Anne Grandvoinnet Serafini (Francia).

Las fuentes consultadas por OKDIARIO afirman que Romeva se comprometió con esta "segunda misión internacional" a través de Diplocat para financiar su trabajo de campo, el de los traductores y el informe final que elaborarán a la espera de terminar el próximo día 6 de octubre. Diplocat destinaba a la Generalitat 18,7 millones de euros para políticas internacionales y, desde la intervención de Hacienda, en el Govern se preguntan cómo afrontar los gastos que cubría este organismo.

El secretario de Economía del ejecutivo catalán, Pedro Aragonés, profundamente cabreado, publicó en Twitter el listado de todas las cuentas intervenidas por Hacienda dejando claro que, en ningún caso, impedirá la celebración del referéndum ilegal.

Aragonés cifra en 475 millones de euros el volumen de recursos que han quedado bloqueados a consecuencia de la intervención de las finanzas catalanas por parte del Estado y que corresponden a programas que no podrán ejecutarse.

Aragonés reprochó al Ministerio de Hacienda que haya tardado hasta doce días en poner en marcha la aplicación que permite transferir al Estado todas las facturas de los proveedores, con el objeto de que éstos puedan cobrar. Aragonés comentó: "Si no nos hubiéramos avanzado la semana pasada pagando las nóminas de los funcionarios con nuestra tesorería, no podríamos asegurar que a día de hoy éstos hubieran podido cobrar".

"Han intervenido nuestras finanzas contrariamente a la ley y lo han hecho de manera absolutamente torpe. Incluso han bloqueado las cuentas de la Coordinadora de Castellers, aunque luego han enmendado el error", apuntó. Lo cierto es que desde la Generalitat no contestan a OKDIARIO cómo van a financiar estas partidas y la de los "observadores internacionales" falsos que esperan cobrar. El proceso de transmisión de facturas a Hacienda incluyó más de 220.000 registros por valor de 800 millones de euros.

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