La Guardia Civil señala al Gobierno: permitió 35 manifestaciones en Madrid entre el 8-M y el estado de alarma

La Delegación del Gobierno permitió la celebración de hasta 35 manifestaciones en Madrid en los días que transcurrieron entre el 8-M y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, tal y como refleja la Guardia Civil en el informe que le ha entregado a la juez que investiga el caso por el que se ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

«Hemos cambiado de escenario». Así explicaba el 9 de marzo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que la situación epidemiológica del coronavirus había cambiado sustancialmente y su gravedad se convertía en un problema de primer orden. Menos de 24 horas antes, el Gobierno había permitido y alentado las marchas feministas del 8-M. Según Illa, en la noche de ese domingo se habían comunicado datos de Madrid que mostraban una evolución «a peor».

Sin embargo, ni siquiera ese anuncio fue suficiente como para que la Delegación del Gobierno tomase la decisión de cancelar y desconvocar todas las manifestaciones previstas en Madrid para esa semana. Según los datos aportados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, se celebraron un total de 35 marchas entre ese 9 de marzo y el día 14, momento en el que el Gobierno dictó el estado de alarma y confinó a la población.

En total, según consta en los registros a los que tuvieron acceso los investigadores de la Guardia Civil, estaban convocadas para esos días 70 marchas. Aparte de las 35 que sí se celebraron finalmente, las otras 35  fueron desconvocadas. O bien por iniciativa propia de los convocantes o por motivos sanitarios (27 de ellas) relacionados con la expansión del coronavirus.

La última de las marchas que constan como celebradas en los registros de la Delegación del Gobierno tuvo lugar el mismo 14 de mayo, en el mismo momento en que el Consejo de Ministros debatía la aplicación del estado de alarma. Sin embargo, existen dudas en el propio informe sobre si esa manifestación llegó a celebrarse finalmente o no.

 Colegios cerrados y teletrabajo

De esta forma, la Delegación del Gobierno de Madrid, con el delegado José Manuel Franco al frente, permitió esas 35 protestas posteriores al 8-M cuando Sanidad ya había calificado la Comunidad de Madrid como zona de transmisión comunitaria significativa. Es decir, la definición técnica de que el virus circulaba sin control en la capital y otros puntos de la región.

«Hemos acordado que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta (como ya se consideraba a Madrid) se procederá a adoptar medidas de distanciamiento como la suspensión de las clases en los centros educativos», anunciaba Illa.

Días atrás, el 6 de marzo de ese mes, Sanidad se reunió con los organizadores de un congreso evangélico para anunciarles que no podrían finalmente realizar el evento por motivos sanitarios. Aquel documento, que desveló en exclusiva OKDIARIO el pasado 30 de marzo, es una de las pruebas claves aportadas por el informe de diligencias presentado por la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, que instruye la causa por la que ha sido citado como investigado el delegado del Gobierno en Madrid. Unas diligencias que le han constado la destitución al jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y la dimisión este martes en respuesta del Director Adjunto Operativo, el general Laurentino Ceña.

Si se tiene en cuenta que esa primera cancelación de eventos multitudinarios se produjo el 6 de marzo, la lista de manifestaciones que se permitieron desde esa fecha asciende a 98. Es decir, mientras Sanidad, con Illa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón y la Directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, advertían de los peligros del coronavirus, la Delegación del Gobierno no vio motivo para cancelar casi un centenar de marchas en la vía pública.