El grupo Carus teme que los bonistas se hagan con el 50% del accionariado de Trasmediterránea

El abogado Jaime Rodrigo de Larrucea, que representa a la compañía finlandesa Carus Ab Ltd que ha embargado un buque de la compañía Trasmediterránea por una deuda de 705.000 euros, ha remitido a OKDIARIO un comunicado en el que expone lo siguiente:

1. Nuestra sorpresa ante el errático y cuanto menos extraño apresuramiento de la parte contraria, en representación del Grupo Armas-Trasmediterránea, de liberar a toda costa ese buque en concreto Ciudad de Palma, de tripulación y bandera extranjera (de las llamadas “de conveniencia”), concretamente pabellón de Chipre. ¿Por qué?

2. Al tiempo que es el propio Grupo Armas-Trasmediterránea quien directamente ofrece para el desembargo, el embargo de otro buque, pero este de bandera y tripulación españolas (Ciudad de Mahón, ex Zurbarán). Haciendo así una cuando menos extraña cesión de activos de su flota española, en favor de su otra flota extranjera. ¿Por qué?

3. Máxime cuando, al menos la previa Naviera Armas, siempre se había caracterizado por una larga trayectoria de abanderamiento y protección de la bandera española en su flota. Esta nueva versión del Grupo Armas-Trasmediterránea, dispuesta a hacer ese trueque de buque extranjero (con tripulación extranjera), por uno español (con tripulación española), no puede sino resultarnos sorprendente. ¿Por qué? (Nótese aquí que, por el contrario, nuestra intención al proceder al embargo del Ciudad de Palma, fue precisamente el de causar el mínimo daño a la flota española, y por tanto a los tripulantes nacionales amparados bajo dicho pabellón.)

4. Al tiempo que, en esa premura por liberar el barco extranjero Ciudad de Palma, se tuerce maliciosamente también toda legalidad contemplada en la Ley de Navegación Marítima, y ya que se hace un uso torticero de su artículo 473, por cuanto permite que la inmovilización (de buques españoles, pero no de extranjeros) pueda ser sustituida por la anotación en el Registro de Bienes Muebles. ¿Por qué?

Claro que las causas de ese apresuramiento errático podrían estar en la más que sorprendente declaración que el Grupo Armas-Trasmediterránea hace ante el órgano judicial, de que el Ciudad de Palma ha sido registrado en Chipre y pertenece desde el pasado mes de julio a una sociedad desconocida para nosotros hasta el momento, y que se había constituido ciertamente hacía tan solo unos meses.

Tal como manifiesta la representante del Grupo Armas-Trasmediterránea, y publica este medio, (a) el Ciudad de Palma pertenece a la sociedad Armas-Trasmediterránea Factoring SL; (b) que no puede ser considerado como parte de dicho grupo naviero; (c) que no existe tal cosa que sea el Grupo Armas-Trasmediterránea. Creando así con todo ello una confusión de la que el juez mercantil se hace eco en su fallo, llevado a ello sin duda por la propia confusión interesada creada por la representante del Grupo Armas-Trasmediterránea, y faltando así a la verdad, en sede judicial.

Porque, en esta escalada de sorpresas, resulta mayúscula la que descubrimos en la carta que este medio ha publicado en primicia, y que el mismo Grupo Armas-Trasmediterránea, que niega también maliciosamente y faltando a la verdad ante el órgano judicial que exista tal cosa que sea el Grupo Armas-Trasmediterránea, afirma precisamente en esa carta enviada a sus principales clientes (pero no a nosotros, proveedores y acreedores), lo siguiente: “Compañía Trasmediterránea SA ha suscrito un contrato de compraventa de derechos de crédito con la filial del Grupo Armas-Trasmediterránea denominada Armas Trasmediterránea Factoring SL”

Por si esto fuera poco, esa misma carta enviada a los principales clientes, pero no a los proveedores y acreedores, y firmada por el director financiero corporativo, no tiene reparo ni pudor alguno en manifestar lo siguiente: “En virtud de dicho contrato Compañía Trasmediterránea SA ha cedido a Armas Trasmediterránea Factoring S.L. los derechos de crédito derivados de los servicios de transporte que les ha prestado Compañía Trasmediterránea SA”.

Y señala dónde deben hacerse los pagos de los clientes en lo sucesivo. Pero no a dónde deben dirigirse igualmente los acreedores con créditos y facturas vencidas y pendientes de pago, como es el caso de mi representada. Es lo cierto que hemos tenido que leer más de dos veces esta carta, porque no dábamos crédito, y podemos llegar a entender así que se hayan presentado cargos ya ante la Fiscalía Anticorrupción, como manifiestan diversos medios de comunicación. Especialmente si el Grupo Armas-Trasmediterránea está optando (y ha obtenido ya del ICO) a fondos públicos a través de la SEPI. Si bien, ese no es ya nuestro cometido en esta causa, al menos por el momento, y dejando a salvo la mejor defensa de los intereses de nuestra representada.

De dicha carta deberá responderse, eso sí, y no obstante, ante sede judicial, por cuanto es ahora público y notorio que toda la base argumental de la defensa del Grupo Armas-Trasmediterránea no ha sido sino un sorprendente falseamiento continuado de la realidad, con el propósito ahora manifiesto de propiciar la confusión y el error en el propio órgano judicial, al tiempo que han torcido la legalidad vigente de forma evidentemente maliciosa.

Por último, no queremos dejar pasar la ocasión de manifestar nuestra satisfacción por la noticia emitida por el Grupo Armas-Trasmediterránea, y de la que se ha hecho igualmente eco OKDIARIO, de que están “avanzando” en los acuerdos de refinanciación con sus bonistas. Deseamos, no sólo lo mejor en esa nueva aventura al Grupo Armas-Trasmediterránea, porque de ello derivará el bienestar y tranquilidad de sus trabajadores y de todo el sector marítimo español —ambos lo merecen después de tanto sobresalto—, tanto como nosotros cobrar lo nuestro. Sino también, y especialmente, que dicho acuerdo no encubra en realidad lo que ya se está comentando en el sector y ha salido también en noticias recientes, y que no es sino una cesión encubierta de hasta el 50% de acciones del Grupo Armas-Trasmediterránea a dichos bonistas (fondos extranjeros, por cierto).

Porque nadie podrá creerse que dichos bonistas sean también tan buenistas como para hacer una cuantiosísima “quita”, aceptar la flexibilidad y dilatación de los plazos de pago de intereses de esos bonos que están en estos momentos impagados (encontrándose por ello el Grupo Armas-Trasmediterránea en default, o por mejor entenderse, en quiebra técnica, en este preciso instante, por mucho que “avancen” en esos acuerdos, que no están aún firmados como afirma el Grupo Armas-Trasmediterránea en su reciente nota de prensa), y además “inyectar” nuevos fondos con los que prometen pagarnos a todos algún día de estos, a cambio de nada. ¿No es cierto?

Si esto es finalmente así, no sólo la SEPI estaría dando una cuantiosa cantidad de fondos públicos (120 millones de euros) a una empresa con este récord de irregularidades arriba relacionadas, sino que estaría financiando la venta encubierta de una de las principales navieras españolas, a un fondo… extranjero. Poniendo así en sus manos los mejores activos del sector marítimo español, y las líneas marítimas de pasaje y carga estratégicas para el desarrollo de la maltrecha economía española.