El Gobierno ‘salva’ a Begoña Gómez: excluye a los familiares de la regulación del conflicto de intereses

El Gobierno de Pedro Sánchez ha excluido a los familiares, como la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez, de la lista de sujetos que tendrían que rendir cuentas en caso de conflicto de intereses en la administración pública. Así aparece en el primer paso normativo que ha dado el Ejecutivo para asegurar la transparencia y el «buen gobierno» del Estado.

El Ejecutivo ha elevado a consulta pública previa su anteproyecto de Ley de Administración Abierta con la que pretenden asegurar la «transparencia» y «la rendición de cuentas y la integridad pública» en la administración.

Entre los problemas que trata de solucionar esta ley está la mejora de la «participación ciudadana» en los asuntos que trata la administración. También se pretende fijar para los responsables públicos un «estándar de diligencia debida» para asegurar un «enfoque preventivo» ante posibles casos de corrupción.

Específicamente, la ley incluirá una adaptación del «régimen de conflictos de interés». Esta regulación se refiere a «altos cargos, personal eventual de especial confianza o asesoramiento político, personal directivo y personal empleado público del Estado». No se menciona a familiares o cónyuges de representantes políticos o miembros de la administración.

El Gobierno justifica esta norma en las «demandas de la sociedad» y las «posibilidades de mejora detectadas». Sin embargo, ni rastro del clamor social y mediático para que se regulen las figuras de los familiares tras la imputación en sendas causas judiciales de la mujer del presidente y de su hermano, David Sánchez.

Ni rastro de la petición del GRECO

Específicamente, el Gobierno de Sánchez alude al Plan Estatal de lucha contra la Corrupción que busca prevenirla y combatirla «fortaleciendo los controles, aumentando la transparencia y mejorando la eficiencia en la gestión pública». El Ejecutivo subraya que sigue las «recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción [GRECO]».

Sin embargo, el organismo perteneciente al Consejo de Europa lanzó una advertencia que no ha acatado el Gobierno. Y es que el GRECO detectó que no había habido «avances significativos» respecto a la transparencia y publicación de los datos económicos, «información financiera», de los «cónyuges y familiares» de los altos cargos. Es más, el Grupo de Estados contra la Corrupción reprochó al Gobierno que no hubiera «prestado suficiente atención» a este asunto.

El GRECO también ponía el acento sobre el conflicto de intereses y señaló que no se había diseñado una estrategia específica para los cargos del Gobierno central, quienes por su «naturaleza política» y su «interacción con el sector privado» enfrentan «desafíos particulares».

Oficina controlada por el Gobierno

Por si fuera poco, la Unión Europea (UE) afeó al Gobierno de Sánchez que no desvinculase del Ejecutivo a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) que exculpó a su esposa. La Comisión había instado a España a que cambiase su regulación porque consideraba que las normas relativas a los conflictos de intereses «no se aplican suficientemente». Dos años después y tras varias reformas cosméticas, la institución comunitaria constató que la Oficina «sigue integrada» en el Ejecutivo.

El El PP presentó en la Oficina una denuncia para que investigase la actuación del socialista y su mujer en el rescate de Air Europa. La OCI archivó la petición de los populares tras recibir de Moncloa un escrito de apenas 9 líneas, recabando así únicamente la versión del propio Ejecutivo, como reveló OKDIARIO.

Sin embargo, el PP presentó un recurso contra el archivo de su petición acerca de indagar en la participación de Sánchez en el rescate de la aerolínea. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid forzó al Gobierno a indagar las decisiones adoptadas por el Gobierno de forma favorable a los negocios de Begoña Gómez. La Oficina, finalmente, tendrá que revisar si Sánchez se posicionó a favor del rescate «tras pedírselo expresamente su mujer mientras Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía», como indicaban desde Génova.

Begoña, pentaimputada

Begoña Gómez fue imputada hace unos días por un quinto delito, el de malversación, sumándose así a los otros cuatro delitos por los que le investiga el juez Juan Carlos Peinado: apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo.

El magistrado instructor tiene sobre la mesa cuatro vertientes sobre la esposa de Sánchez: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de su socio Juan Carlos Barrabés; su gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora, a cargo del Estado, al servicio de la mujer del presidente del Gobierno.

Por su parte, la juez Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente, David Sánchez, ordenó la apertura de juicio oral contra él y otros altos cargos del PSOE por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.