Estas son las 9 líneas de la Oficina de Intereses del Gobierno en su carpetazo al ‘caso Begoña Gómez’

Apenas 9 líneas y con la única versión del propio Gobierno. Así dio carpetazo la Oficina de Conflictos de Intereses del Ejecutivo a la denuncia que presentó el PP por la no inhibición del presidente Pedro Sánchez en decisiones del Consejo de Ministros sobre empresas con las que tuvo contacto su mujer, Begoña Gómez.

OKDIARIO ha accedido al escrito -con fecha del pasado 15 de marzo- de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Judit Alexandra González y que depende del Gabinete de la Presidencia, en el que se basó la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno para archivar la denuncia del PP. La respuesta que ofreció la Secretaria General de Presidencia a la petición de información de la Oficina se redujo a dos párrafos, de cinco y cuatro líneas, respectivamente. En total, nueve líneas que reproduce aquí este periódico.

En el primer párrafo, Moncloa esgrimió: «No ha concurrido en la persona del presidente del Gobierno ninguna de las causas de abstención previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 3/2025, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, pues las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos».

Sin embargo, nada se dice aquí del beneficio público que sí obtuvieron empresas en contacto con Begoña Gómez, que imparte una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sobre captación de fondos con multitud de patrocinadores y que ha llegado a firmar cartas de recomendación para sociedades luego adjudicatarias de contratos del Estado.

Luego, en el segundo párrafo del escrito de la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo dice lo siguiente: «Asimismo, señalar que la cónyuge del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en las fechas del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021».

En un oficio posterior -también en poder de OKDIARIO- de respuesta a la queja presentada por el PP al enterarse del archivo del caso por una rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Esther Peña, el 18 marzo, la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno explicó a qué se había limitado su actuación. «Las diligencias llevadas a cabo -dice el oficio del 22 de marzo- por esta Oficina han consistido en averiguar si acontecía el supuesto fáctico relevante en la denuncia, es decir, si Doña Begoña Gómez tenía intereses en las entidades afectadas en relación con las decisiones correspondientes a las sesiones del Consejo de Ministros a las que alude la denuncia», reza el texto.

Y añade: «Dado que en dicha denuncia información, se señaló que la cónyuge del Presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades, es por lo que se ha estimado que no procedía continuar con otras indagaciones».

En este oficio, la Oficina de Conflicto de Intereses tampoco indicó al PP, pese a reclamarlo, la vía que debía seguir tras el archivo. No obstante, el partido de Alberto Núñez Feijóo, según fuentes de Génova, tiene previsto presentar aquí un «recurso de alzada» para «agotar así la vía administrativa» antes de llevar el caso al Tribunal Supremo.

Falta de «autonomía»

La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, está dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que fue avalada en este cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018.

Cabe reseñar que en el Informe anual de 2023 sobre el Estado de derecho en España publicado por la Comisión Europea el pasado julio, la UE señaló que en este país «las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente». «Aunque tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas», lamentó el Ejecutivo comunitario.

De igual modo, el citado informe reprobó que «la Oficina de Conflictos de Intereses, encargada de supervisar las normas sobre conflictos de intereses y el sistema de declaración de patrimonio de altos cargos y miembros del Gobierno, todavía no ha elaborado un manual de procedimientos para hacer frente mejor a las posibles infracciones».

«En España nunca nos hemos planteado definir el rol de la pareja del presidente. Hay una legislación precaria al respecto, mientras que fuera de aquí, en otros países europeos, es una cuestión que está muy acotada», apuntan también las fuentes de Génova sobre la figura de Begoña Gómez.