El Gobierno reconoce que «no sabe» cuántos inmigrantes hay en Ceuta: «Hay personas escondidas»
Fuentes del Ejecutivo subrayan que todavía hay "salidas diarias" de inmigrantes: entre 50 y 100 cada jornada
Moncloa admite estar "en una fase" en la que no pueden contar a las personas que hay "hasta que no estén registradas"
El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que «no sabe» cuántos inmigrantes ilegales se encuentran actualmente en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio. Fuentes del Ejecutivo, además, admiten que «hay personas escondidas» de las autoridades y que se hace difícil conocer la cantidad de extranjeros que aún permanecen en territorio español porque existe «movilidad dentro de la ciudad autónoma».
El día 30 de julio tuvo lugar una invasión migratoria en la ciudad autónoma. Durante aquella jornada entraron casi 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Desde Moncloa se vanaglorian de que se ha conseguido «retornar a 70.000» extranjeros, que regresaron voluntariamente al reino alauí.
Es más, fuentes del Ejecutivo subrayan que todavía hay «salidas diarias» de inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera, en torno a 50 o 100 cada jornada.
El Gobierno de Sánchez contrapone lo que considera un modelo de éxito frente a la gestión que hizo Italia de la crisis migratoria sufrida por una de sus islas: Lampedusa. A este territorio llegaron 150.000 inmigrantes, pese a que la isla tiene apenas 2.000 habitantes, según comunicaron las autoridades transalpinas en 2023.
La mención de este país no es una coincidencia. El Ejecutivo socialista vive un choque contra Roma desde que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, suspendió parcialmente el espacio Schengen con España. Esta es la zona que permite la libertad de circulación de personas y mercancías procedentes de Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, la medida sólo afecta a nacionales de terceros países, a los que se ha comenzado a someter a controles en las fronteras.
«En Lampedusa entraron 150.000 personas y se quedaron allí; nosotros conseguimos retornar a 70.000», subrayan fuentes del Gobierno en alusión a los regresos voluntarios de los extranjeros que habían cruzado previamente la frontera de Ceuta a través de El Tarajal.
Filiación, única solución
Sin embargo, insisten en que es imposible saber cuántas quedan en el territorio extrapeninsular. «Ahora estamos en una fase en la que no podemos contar a las personas que hay hasta que no tengamos registradas», sostienen desde Moncloa. «No lo sabemos ni nosotros ni el gobierno de Ceuta», aclaran.
El Ejecutivo insiste en la necesidad de que las personas que están ahora mismo ilegalmente en Ceuta sean filiadas para poder tener un conteo oficial. A ojos del Gobierno, es «importante» que «se les pueda filiar con un solo objetivo: su devolución a Marruecos».
No obstante, la realidad dista mucho de los deseos del Gobierno. Según las propias fuentes del Ejecutivo, ahora mismo «hay personas escondidas» además de «movilidad dentro de la ciudad», lo que, según Moncloa, «dificulta saber a ojo de buen cubero cuántos hay».
Lo que sí aclaran desde el Gobierno es que «apenas hay entradas a nado desde el incidente» del pasado 30 de julio, momento en el que entraron de ese modo la gran mayoría de los casi 80.000 extranjeros que llegaron a la ciudad autónoma en sólo 24 horas.
Reunión de emergencia, un mes después
Este martes, el Consejo de Ministros se ha reunido por primera vez en La Moncloa desde la crisis de Ceuta. Los titulares de cartera se han citado después de la celebración del Consejo de Seguridad Nacional, convocado por la invasión migratoria, que ha presidido el líder socialista.
El Ejecutivo aprobó la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta», tal y como prevé la Ley 17/2015. La emergencia de interés nacional se declara cuando es necesario proteger a personas y bienes bajo la normativa de los estados de alarma, excepción o sitio.
Este texto también incluye la creación de una autoridad funcional encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta suerte de comité de crisis extenderá su vigencia, al menos, «hasta el 31 de diciembre», según el borrador al que ha tenido acceso OKDIARIO.