El Gobierno quiere también renovar el Tribunal Constitucional sin consenso tras el golpe al CGPJ

El Gobierno de Pedro Sánchez también pretende impulsar sin consenso la renovación del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente desde noviembre de 2019 el recambio de cuatro magistrados, incluido su presidente, Juan José González Rivas, a elegir por el Congreso de los Diputados. Fuentes gubernamentales señalan que insistirán al PP en la necesidad de desbloquear este órgano, pero de prolongarse la situación de bloqueo como en el caso del CGPJ, Moncloa dará un paso al frente para forzar tal renovación, dado que «las Cortes son soberanas», sostienen las mismas fuentes.

Es el mismo argumento que esgrimen los socialistas para acometer por la vía rápida y sin informes preceptivos de otros órganos constitucionales la polémica renovación del CGPJ mediante una proposición de ley (en lugar de dun proyecto de ley) registrada este martes en el Congreso. PSOE y Unidos Podemos quieren así hacerse con el control del Consejo General del Poder Judicial en sólo «dos meses», rebajando de tres quintos a mayoría absoluta la exigencia para la elección de los seis vocales del turno judicial. Ello permitirá a los socialcomunistas dar el golpe al Poder Judicial recurriendo a su mayoría Frankenstein, la formada también por los nacionalistas, separatistas y proetarras que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

A diferencia del CGPJ, donde seis vocales son elegidos según lo establecido en su ley orgánica -la que quieren modifican PSOE y Podemos- y los 12 restantes por mayoría de tres quintos de las Cámaras, en el caso del Tribunal Constitucional, la totalidad de los ocho miembros que salen de las Cortes (otros dos proceden del Gobierno y dos más del propio CGPJ) requieren -al estar blindado así por la Constitución- mayoría de tres quintos, esto es, 210 diputados, una cifra imposible para PSOE y Podemos sin la participación de la oposición. De ahí que la cuestión está ahora en cómo piensa el Gobierno desbloquear la renovación del TC sin incumplir la Constitución.

En Moncloa ya andan pensando en la manera de abordar este proceso, señalan las mismas fuentes. Y la misma postura mantienen para otros órganos que también están atascados como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). «Uno detrás de otro», avisan tales fuentes gubernamentales.

Desde Moncloa acusan al PP de querer que órganos constitucionales como el CGPJ o el Tribunal Constitucional sigan teniendo «una composición que no se corresponde con la distribución de fuerzas representadas en el Parlamento». Actualmente, el TC lo conforman con siete magistrados de perfil conservador frente a cinco progresistas. De igual modo, el CGJP tiene una mayoría conservadora.

«El caballo de Troya»

«Lo hemos intentado todas las semanas durante los tres últimos meses», esgrimen desde Moncloa sobre la «cerrazón» de Casado y como justificación de sus prisas para tomar el Poder Judicial, justo después de que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, haya sido acusado de tres delitos por el instructor (revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa). El Supremo, que comparte presidente con el CGPJ, siendo ahora mismo Carlos Lesmes, tiene que pronunciarse sobre si Iglesias es llamado a declarar como investigado.

En su caso, el PP se niega a llegar a un acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez si da entrada a vocales afines a Podemos en un nuevo CGPJ, fundamentalmente por los constantes ataques de la formación morada al propio Poder Judicial, al Estado de Derecho y a la Monarquía parlamentaria. «Es el caballo de Troya en la cúpula judicial», ha denunciado el líder de los populares este miércoles en la sesión del Congreso, donde también remarcado que Podemos está imputado por corrupción en la pieza que investiga su presunta financiación irregular.

Aviso en el Senado

El primer aviso para desatascar el Tribunal Constitucional lo dio la pasada semana el PSOE con una moción presentada y defendida por los socialistas en el Senado para el «cumplimiento de los mandatos constitucionales y cese de la obstrucción en la renovación» tanto del máximo intérprete de la Carta Magna como el Consejo General del Poder Judicial.

En el debate de esta iniciativa, que finalmente salió adelante, el PSOE rechazó una enmienda de Vox que introducía el compromiso de respetar los tres quintos que fija la Constitución para los citados puestos del TC y el CGPJ. En concreto, el texto de la formación de Santiago Abascal exigía «mantener la mayoría de tres quintos necesaria para garantizar la independencia judicial en beneficio del interés de los ciudadanos en lugar del interés político del Gobierno». Sin embargo, los socialistas se opusieron a incorporar dicha enmienda. Una semana después, ha llegado el golpe al CGPJ. Y en el horizonte está ya el TC, al que precisamente han anunciado que recurrirán PP y Vox tras conocer la proposición chavista de PSOE y Podemos de asalto al Poder Judicial.