El Gobierno quiere que los ex presidentes tengan relevancia nacional e internacional permanente

El Partido Popular considera que la regulación del papel de los expresidentes del Gobierno debe ser abordada en un futuro inmediato.

La única regulación que existe en este sentido es el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se establecen los medios y recursos materiales que se pondrán a disposición de los expresidentes: entre ellos, dos puestos de trabajo a su servicio como «personal eventual de gabinete», una dotación para gastos de oficina,  un automóvil de representación, seguridad del ministerio del Interior y una pensión vitalicia, de unos 75.000 euros. 

Pero, en la misma dirección del PP se asume la necesidad de dotar a esa figura de un mayor reconocimiento público, en línea con lo que ocurre, por ejemplo, en EEUU,  donde se concede a los expresidentes  un status especial.

Reconocimiento internacional

Seguramente, en el caso norteamericano influye también el hecho de que los mandatos sean limitados, lo que hace que los presidentes asuman bien cuál será la fecha de caducidad de poder. No obstante, una vez abandonado el cargo, existe el consenso de aprovechar su trayectoria pública para las relaciones diplomáticas. Así, los expresidentes juegan un papel determinante como mediadores en cuestiones sensibles de la escena internacional.

No es el caso español. Y esto, consideran los populares, repercute en que los exmandatarios sigan sin encontrar su sitio y acaben influyendo más en cuestiones internas de su partido que en desarrollar un auténtico papel de Estado. 

Los ejemplos de esas injerencias son sobrados: el propio Aznar nunca ha disimulado sus críticas a las actuales políticas del PP y otros, como Zapatero y González se han posicionado claramente en las batallas internas por el liderazgo socialista. Sin ir más lejos, la pasada semana Zapatero arropó a la presidenta de Andalucía Susana Díaz a la que ensalzó como la mejor lideresa para el partido.

En España, las apariciones de los expresidentes acostumbran a venir acompañadas de un debate sobre su capacidad de influir en el porvenir del partido. El PSOE, por ejemplo, redujo al mínimo las intervenciones de Zapatero, a quien incluso se trató de relegar en las distintas campañas electorales. Los cara a cara entre Aznar y Rajoy siempre han ido acompañados de un morbo especial por la disputa soterrada que ambos mantienen desde hace tiempo.

El propio González acuñó la definición de «jarrón chino» para referirse al papel que tenían los expresidentes españoles.

El expresidente socialista sigue formando parte del Comité Federal del PSOE, preside la Fundación Progreso Global-adscrita a Ideas-se dedica a dar conferencias y a ejercer su labor de abogado, que le ha llevado a asesorar al preso político venezolano Leopoldo López.  Precisamente, sus diferencias con Zapatero sobre este último tema son sonoras. González es tajante al descartar el diálogo mientras haya presos políticos, mientras Zapatero defiende lo contrario.

El último presidente socialista hasta la fecha mantuvo un perfil más bien bajo desde que dejó el poder. El año pasado, dejó el Consejo de Estado-en el que no estaba ya Aznar y en el que González nunca llegó a entrar-para presidir una fundación americana, el Institute for Cultural Diplomacy (ICD), cuya misión es la promoción de la paz y el entendimiento entre los pueblos a través del desarrollo de las relaciones interculturales en todos los ámbitos.

Por su parte, José María Aznar centra su actividad en la presidencia de FAES, impartir clases en universidad internacionales y en asistir a las reuniones de distintos organismos internacionales en los que figura como miembro, además de dirigir su propio centro universitario privado.