El Gobierno planea albergar inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real sin consultar a Page

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez se plantea albergar inmigrantes adultos en el aeropuerto de Ciudad Real sin avisar al Ejecutivo autonómico del también político del PSOE Emiliano García-Page. La administración castellanomanchega ha mostrado su «sorpresa y estupefacción» con esta medida.

La idea del Gobierno es la de utilizar las instalaciones del aeropuerto, que hasta ahora está operando apenas una veintena de vuelos comerciales y privados al mes. Debido al volumen de viajes con el que cuenta ahora mismo la infraestructura, la actividad aeroportuaria se muestra como una opción poco rentable.

El Ejecutivo de Sánchez y los dueños del aeropuerto están cerca de cerrar un acuerdo por el cual la instalación se convierta en un espacio para acoger a inmigrantes llegados a la península. El estado de las conversaciones es tan avanzado que el Gobierno central ya habría empezado a encargar la construcción de barracones en los que albergar a los inmigrantes.

El Gobierno autonómico de Page no parecía estar al tanto de esta medida. El Ejecutivo autonómico se ha limitado a mostrar su «sorpresa y estupefacción» ante la puesta en marcha de un albergue para adultos llegados a España. De esta forma se evidencia la falta de comunicación del proyecto por parte de la administración sanchista a la comunidad.

Desde el Gobierno castellanomanchego insisten en que se trataría, de ser cierto, de «un despropósito absoluto y una barbaridad delirante». Abundan en que no han recibido ningún tipo de comunicación por parte de Sánchez ni de sus ministros.

A ojos de la autonomía, sería una «desconsideración muy grave» que no se les haya informado sobre este asunto, por mucho que la inmigración sea una competencia exclusiva del Estado. En opinión del Gobierno de Page, la puesta en marcha de este albergue para inmigrantes adultos llegados a España «no solo es muy relevante para el territorio, sino que puede afectar a quien tiene la obligación de garantizar la asistencia sanitaria u otro tipo de servicios de primera necesidad».

En su momento fue el primer aeropuerto internacional privado construido en España, con una inversión inicial cercana a los 1.100 millones de euros. En su origen se ideó con el objetivo de aliviar la sobrecarga de pasajeros del aeropuerto de Barajas (Madrid). Finalmente, se inauguró en 2007 una cuarta terminal en la infraestructura madrileña y redujo la necesidad de construirlo en Ciudad Real.

Nunca llegó a alcanzar la previsión de vuelos propuesta por los promotores. Tal fue así que, durante cerca de 8 años, el aeropuerto no operó ninguna ruta regular de pasajeros, sólo prestó servicio a algunos vuelos privados. En 2019 trató de volver a la normalidad, pero volvió a ser golpeado, esta vez por la crisis del Covid. Tampoco tienen aviones estacionados o en reparación porque habitualmente las aerolíneas optan por el aeropuerto de Teruel, con mejor equipamiento y conexiones.

Niega la ‘invasión’, acelera la expulsión

A pesar de que el Gobierno ha necesitado poner en marcha una alternativa como el aeropuerto de Ciudad Real para aliviar la carga migratoria, Sánchez evitó hablar de invasión migratoria en el Congreso en su última intervención parlamentaria. Paradójicamente, sí pretende agilizar las expulsiones en la frontera aplicando el pacto migratorio de la Unión Europea.

El pasado miércoles, el líder socialista anunció que iba a pedir a la Comisión Europea que se adelantase al verano de 2025 la entrada en vigor de las herramientas de control fronterizo y reparto de personas migrantes del Pacto de Migración y Asilo. Los preceptos que establece esta ley harán más estrictos los procedimientos de asilo y, por tanto, aumentará las solicitudes de asilo rechazadas.

Sánchez defendió, frente a las fuerzas políticas que lo apoyan, que España «es un país de migrantes». En ese mismo discurso arremetió contra la oposición por «deshumanizar» e impulsar «medidas inmorales», el Gobierno quiere acelerar este mecanismo, que aumentaría de manera exponencial las expulsiones en fronteras. Además de esta incongruencia, Sánchez se enfrenta a otra importante traba: las reticencias de algunos países europeos, en concreto Hungría y Polonia.